Las últimas cuatro familias pehuenche que aceptaron entregar sus tierras para la construcción de la central Ralco, en Alto Biobío, reclamaron que el Estado y Endesa no se han hecho cargo de la totalidad de los compromisos asumidos hace nueve años.

Esta situación es similar a la de las familias que reclaman hace ocho años por la inundación del cementerio indígena debido al llenado de la represa de la central Ralco.

En este caso, las quejas provienen de los pehuenche que después de intensas negociaciones, aceptaron entregar sus tierras para la materialización del megaproyecto energético.

Se trató del último grupo de familias, lideradas por las hermanas Quintremán, quienes llegaron a un acuerdo con Endesa con la mediación del Gobierno, como parte del compromiso suscrito por el país tras el reclamo interpuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Sin embargo, Eduardo Cáceres, vocero del grupo indígena, aseguró que aún hay incumplimientos en materia habitacional y de apoyos técnicos, criticando el rol del Gobierno en no hacer efectivos los acuerdos.

Sin embargo, apuntó sus dardos fundamentalmente a la generadora, a la cual acusó de desentenderse de la situación de las familias pehuenche.

Cáceres afirmó que en las próximas semanas el centenar de familias reubicadas debido a la represa Ralco, en Alto Biobío, se unirán para llevar el reclamo a las autoridades en contra de Endesa, a la cual responsabilizó de dejarlos a la deriva una vez que construyó sus plantas generadoras en la cordillera.