El diputado socialista Leonardo Soto denunció cuatro nuevos casos de “jubilazos” en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) que alcanzan un perjuicio de $750 millones para el Estado.
El también presidente de la comisión investigadora por pensiones ilegales en Dipreca y Capredena, indico que los exfuncionarios civiles corresponden a la exvicepresidenta ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing, el exjefe de administración y finanzas, Carlos Fuentes, el ex gerente general, Luis Ramón Jara y el ex jefe de división de auditoría interna, Juan Vargas.
En conversación con Expreso Bío Bío, el parlamentario señaló que este jueves concurrieron a la Contraloría a entregar antecedentes de estos cuatro casos encontrados en esta investigación y que estas pensiones irregulares oscilan desde los $3 millones hasta los $5 millones mensuales.
“Son civiles que no forman parte de la denuncia que se hizo hace meses atrás por Gendarmería, sino que ahora nos sitúa en otra rama que tiene que ver con Capredena, son altos directivos que administraban el sistema, son aquellas personas que preparaban los antecedentes y los cálculos para las pensiones”, dijo.
Agregó que “pareciera que se confirmara este adagio de que el que reparte toca la mejor parte”, agregó y precisó que ellos aparecen con pensiones que superan el tope legal que estaban obligados a respetar de 60 UF.
Explicó que las irregularidades que se presentan son la vulneración del límite legal de 60 UF en estas pensiones. “En este caso algunas pensiones superan hasta 3 veces el límite legal, estamos hablando de 180 UF”, manifestó.
Otra irregularidad que se presentaría serían las discrepancias en la investigación entre el cálculo de los sueldos versus el cálculo de la pensión.
“Hay una alteración clara, se han manipulado las cifras con la finalidad de obtener una pensión mucho más allá de la que naturalmente les correspondería”, asevero y puntualizó que de concretarse esta situación “es probable que pueda existir la comisión de delito de fraude previsional”.
Soto arguyó que con los antecedentes que hay se puede presumir que estas pensiones sobre un tope legal y con manipulación de los cálculos tienen que ir a un proceso rápido de invalidación y de anulación.
“Nada justifica que se mantenga un beneficio indebido en el tiempo una vez que se ha detectado (…) la expectativa que tenemos es que la próxima semana se ponga término a un goce de un beneficio que no corresponde por parte de estos cuatro casos”, aclaró.
También, precisó que en enero están próximos a entregar el informe que exhibe las irregularidades de estos “jubilazos” tanto en las Fuerzas Armadas como en el sector público.
“Va a comprobar las irregularidades, va a comprobar las ilegalidades que se han cometido y va a proponer medidas que cierren espacios a estos abusos porque no hay ningún sistema previsional público-privado que pueda soportar que gente gane pensiones vitalicias, son pensiones inalcanzables”, manifestó.
Escucha la entrevista realizada por Ángeles Araya y Álvaro Escobar en Expreso Bío Bío:
