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Como presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados y representante de la región del Bío Bío, he sido testigo directo de la grave crisis que enfrenta la niñez en nuestro país. En el Día Contra la Explotación Sexual Infantil, que se conmemoró este 18 de mayo, levanto la voz para exigir al Ejecutivo y a todos los poderes del Estado una acción decidida y urgente para erradicar esta forma brutal de violencia que afecta a nuestras niñas, niños y adolescentes.
En el Bío Bío, como en muchas otras regiones de Chile, hemos visto cómo estas historias desgarradoras se repiten, dejando cicatrices profundas en las vidas de nuestras infancias más vulnerables. No podemos seguir siendo un país que mira hacia otro lado mientras nuestros niños sufren en silencio. Es hora de poner sus necesidades en el centro de las decisiones políticas.
Por lo mismo, recientemente convoqué a una sesión secreta al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, para recibir información sensible sobre los casos denunciados durante el último tiempo. Esta instancia fue necesaria para proteger a las víctimas, pero también para dejar en evidencia la gravedad de una realidad que sigue oculta y desatendida.
Además, hemos levantado comisiones investigadoras que han expuesto serias deficiencias en la implementación del Servicio Mejor Niñez, creado para proteger a los menores en situaciones de vulnerabilidad, pero que lamentablemente ha sido limitado por conflictos políticos y una falta de compromiso real con esta causa.
Porque las cifras son alarmantes
Según el último boletín de la plataforma “Actuar es Urgente”, entre 2022 y el 2023 se registró un aumento del 29% en los casos de Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA). En solo cinco años, las denuncias se han más que duplicado, afectando principalmente a niñas y adolescentes mujeres, quienes constituyen el 86% de las víctimas, lo que es inaceptable. No podemos permitir que la falta de voluntad política y la inacción institucional sigan poniendo en riesgo la vida y el bienestar de nuestros niños.
La comisión investigadora de la Cámara Baja del año 2021 expuso cómo, incluso en centros de protección del Estado, se operaban redes que victimizaban a niñas. Esta realidad no ha desaparecido y, de hecho, sigue creciendo: menos del 20% de las víctimas accede a una oferta de atención que, además, no cumple con los estándares de complejidad necesarios para su rehabilitación.
Ante aquello, es urgente asignar los recursos adecuados y fortalecer los programas de protección especializada en explotación sexual infantil y adolescente, asegurando su cobertura y eficacia en todo el territorio nacional. No podemos seguir dejando a nuestras niñas y niños desprotegidos. Ellos merecen crecer en entornos seguros, libres de violencia y con oportunidades reales para desarrollarse plenamente.
La falta de coordinación entre las instituciones del Estado, ONG’s y la sociedad civil ha sido una de las principales barreras para enfrentar este delito de manera integral. Además, es fundamental contar con información actualizada que permita comprender la magnitud del problema y diseñar políticas públicas efectivas. El último estudio oficial con cifras nacionales se realizó en 2003, lo que evidencia una preocupante carencia de información crítica.
La protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables: un desafío para el Estado
Como Estado, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras infancias. Es necesario que el Ministerio Público reduzca el archivo de causas, garantice los peritajes requeridos y resguarde la seguridad de las víctimas. Debemos capacitar a los funcionarios públicos, especialmente a aquellos que trabajan directamente con niños y adolescentes, para que puedan identificar y actuar adecuadamente frente a situaciones de riesgo.
Organizaciones como “Actuar es Urgente” han demostrado ser aliados estratégicos en esta lucha. Debemos fortalecer su rol y fomentar la participación activa de la ciudadanía en la protección de nuestros niños, así como exigir a los garantes responsables del cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez que actúen con decisión.
Hoy, como diputada por el Bío Bío y presidenta de la comisión de Desarrollo Social, me comprometo a seguir alzando la voz por nuestros niños, a no permitir que esta tragedia siga creciendo y a exigir que nuestras instituciones cumplan con su deber.
El momento de actuar es ahora. No podemos permitir que esta tragedia siga ocurriendo en silencio. Proteger a nuestros niños es una responsabilidad ineludible y como país debemos estar a la altura de este desafío.
