El presupuesto balbuceante

Capítulo 1: Testimonio sagrado

En el Segundo Libro de las Crónicas, 22: 7, leemos lo siguiente:

Y aconteció que, en los días del Presupuesto,
cuando el sol apenas ascendía sobre la casa de las leyes,
se presentó una directora ante los príncipes y los jueces de la nación.
Y he aquí que ella tomó la palabra,
mas su lengua se enredó y sus labios balbucearon;
y los números que salieron de su boca no fueron los números escritos en el Libro.
Ni siquiera el libro que llevaba era el que debía.
Entonces hubo confusión entre los presentes,
y los rostros de los sabios se oscurecieron,
y los hombres y mujeres del consejo murmuraron entre sí, diciendo:
“¿Qué es esto que hemos oído?
¿No es acaso el error un mal presagio para el gobierno de la tierra?”
Y el espíritu de desconcierto recorrió el recinto como viento del desierto,
pues los números eran inciertos y la voz de la directora, temblorosa.
Supo entonces el ministro que Satanás había introducido sus insidias
Y que con ello prosperaba el desaliento y la confusión.
Fue así que las voces se alzaron y las recriminaciones cundieron.
Alguien había ofendido las letras y los números.
Y el profeta se preguntó.
¿Qué hace un pueblo cuando la oscuridad ha reemplazado a la razón?

Capítulo 2: ¿Cómo evaluar un alto funcionario político?

Evaluar la acción política siempre ha sido un ejercicio complejo, cargado de determinaciones iniciales que difícilmente escapan al sesgo. Casi inevitablemente, cada análisis parte de una adscripción previa: una afinidad intelectual, emocional o biográfica hacia ciertos cuerpos de ideas, hacia una familia política que nos resulta más propia o más comprensible.

Desde ese lugar, desde esa identidad forjada en la historia personal o en la reflexión consciente, ubicamos a los actores en el espectro de izquierda y derecha, o en clasificaciones más sofisticadas que la política contemporánea ofrece. Esa adscripción inicial marca la evaluación, pero no la agota.

Más allá de ese primer sesgo, hay otros elementos indispensables para juzgar a quienes ejercen el poder. El segundo criterio es la capacidad de sostener principios en el marco de una medida razonable de pragmatismo. La política no es el arte de la pureza, pero tampoco puede ser el arte de la traición permanente. Sin una mínima fidelidad a las ideas que se han defendido, la acción política se convierte en un mero oportunismo que borra la base misma sobre la que el liderazgo pretendía construirse.

El equilibrio entre pragmatismo y principios no es sencillo, pero su ausencia genera una disolución peligrosa de la identidad política. Este segundo criterio nos permite, mucho más que el primero, verificar la ‘calidad del político’.

El tercer elemento que debe considerarse es la eficacia. La política no es solo declaración ni eslóganes; es, ante todo, la capacidad de transformar las condiciones materiales y simbólicas de la sociedad. Un político que no consigue avances, que no logra incidir de modo efectivo, queda reducido a una figura retórica, por elocuente que sea. En última instancia, quien no puede hacer lo que propone, quien no convierte proyectos en realidades, fracasa en el arte mismo de la política.

Finalmente, hay un cuarto criterio, menos popular, pero igual de necesario: la categoría, el nivel. No todos los actores políticos son iguales. Molesta decirlo a muchos, pero es la verdad. Hay diferencias de talento, de preparación, de comprensión del juego político y de sus múltiples escenarios: el electoral, el de gestión, el parlamentario, el de las relaciones internacionales.

No se puede comparar a Lula con Milei, no se puede comparar a Thatcher con Petro. Los jugadores están en una categoría, superior o inferior, pero pertenecen a un cierto estamento según sus capacidades políticas. Hay ocasiones en que la época no procura muchos liderazgos de gran calidad.

Hoy por hoy, ninguno de los líderes de las principales potencias occidentales tienen una categoría alta, son todos jugadores que han logrado llegar muy lejos, pero están sin opción de disputar los primeros lugares de los últimos cien años.

La época contemporánea exige liderazgos de alta capacidad, no solo para ganar elecciones, sino también para gobernar, legislar y leer el intrincado escenario global. La dispersión entre buenas capacidades electorales y malas capacidades de gestión es hoy una constante dramática, que resiente a los sistemas políticos y agota la paciencia ciudadana. Ante desafíos crecientes, el nivel de los dirigentes importa más que nunca.

Estos cuatro elementos –la pertenencia inicial, el equilibrio entre principios y pragmatismo, la eficacia concreta y la categoría personal e intelectual– configuran, juntos, un marco serio de evaluación para quienes participan del juego del poder. Y en este momento, me interesa concentrarme, especialmente, en el último de ellos: la cuestión del nivel, la categoría de aquel que afronta la responsabilidad delegada por la ciudadanía para que un ente institucional sea una garantía de solidez y trabajo.

Capítulo 3: el 23 de abril

El 23 de abril, día consagrado en todo el orbe a la celebración del libro, de la palabra escrita y de la noble tarea de ordenar el conocimiento, Chile presenció, en cambio, una escena amarga y paradójica: la Jefa de Presupuestos, Javiera Martinez, en la más solemne de las instancias legislativas, presentó un documento desordenado, inconsistente, incapaz de sostener la verdad mínima que exige el gobierno de los asuntos públicos.

Mientras el mundo rendía homenaje a la exactitud del lenguaje y a la fuerza civilizadora de los textos, en el Congreso Nacional los libros oficiales —aquellos que debían contener con fidelidad los designios presupuestarios de la nación— se mostraban rotos y huérfanos de rigor. Así, en la jornada destinada a honrar el esplendor de la palabra escrita, lo que quedó al desnudo fue la triste indigencia del arte de gobernar.

Cuando hablamos de la categoría de un alto cargo político como un criterio indispensable en la evaluación política, no nos referimos simplemente a la acumulación de títulos académicos o a la experiencia en cargos públicos. Nos referimos a algo más profundo: la capacidad de comprender el contexto, de anticipar escenarios, de calibrar los riesgos, de ejercer un juicio político fino allí donde la técnica, por sí sola, no alcanza.

Y es aquí donde es importante retornar a la semana pasada y vislumbrar lo que ocurrió en el contexto de la presentación del proyecto de Presupuestos 2025 ante el Congreso Nacional por parte del gobierno, presentación liderada por la jefa de presupuesto y el ministro de hacienda el 23 de abril (martes de la semana pasada). En ese instante se vino a consolidar una grieta profunda del proyecto político y administrativo de este gobierno: la falta de categoría de sus funcionarios. Ya lo he comentado anteriormente en una columna donde nombré el caso de dos subsecretarios (hoy uno de ellos ministro), pero los ejemplos no se agotan y aparecen una y otra vez.

Seguramente usted vio lo ocurrido, pero lo vuelvo a narrar.

La Jefa de Presupuestos, Javiera Martínez, compareció ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos con una exposición errática, insegura y descoordinada. No solo fue incapaz de explicar de manera consistente los datos financieros más relevantes, sino que quedó atrapada en contradicciones elementales: los números presentados en el documento oficial impreso no coincidían con los datos disponibles en el formato digital, generando confusión en los parlamentarios y abriendo flancos innecesarios para la crítica opositora.

En particular, durante la discusión, varios senadores y diputados señalaron inconsistencias en las partidas presupuestarias específicas —por ejemplo, diferencias en los montos asignados a ciertos programas sociales y de infraestructura—. Al ser consultada directamente sobre estas diferencias, Martínez ofreció respuestas dubitativas, recurriendo en varios momentos a expresiones como “eso debería estar correcto”, “tengo entendido que son ajustes técnicos” o “lo podemos revisar”.

El problema fue agravándose cuando quedó claro que la inconsistencia no era un mero error tipográfico, sino una falta de correspondencia estructural entre el proyecto formalmente ingresado al Congreso (versión impresa) y la documentación subida a las plataformas digitales oficiales. La incapacidad de Martínez para ofrecer una explicación técnica clara y precisa, y su tendencia a dilatar las respuestas en vez de afrontarlas con solidez, fueron generando un ambiente de incredulidad y, finalmente, de abierta irritación entre los legisladores.

Capítulo 4: Satanás

Este tipo de errores no son menores. En la discusión presupuestaria, el soporte documental es sagrado: la certeza sobre las cifras es condición básica para cualquier debate político posterior. No es admisible que las cifras públicas sean “interpretables” según el formato. La falta de rigor no solo compromete la seriedad del Ejecutivo en la tramitación presupuestaria, sino que mina directamente la confianza en todo el proceso de discusión democrática de los recursos del Estado.

Pero el problema no se detuvo ahí. El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien llegó a la política con la aureola de solvencia técnica construida en décadas de trayectoria, tampoco logró contener el daño.

En lugar de clarificar la situación, Marcel optó por defender la presentación de Martínez con explicaciones ambiguas, atribuyendo las inconsistencias a “diferencias en los sistemas de carga de información” y sugiriendo que se trataba de “problemas formales que no afectaban el fondo del Presupuesto”. También añadió “el diablo metió la cola”.

Este tipo de defensa, en lugar de tranquilizar, reforzó la sensación de desprolijidad y descoordinación interna. El contraste entre el prestigio previo de Marcel y su incapacidad para asumir o corregir el error amplificó la percepción de desorden y fragilidad del equipo económico en un momento crucial del calendario político.

Capítulo 5: Implicaciones

¿Qué implica lo ocurrido? En primer lugar una sospecha: ¿está el gobierno probando números para maquillar datos? ¿Lo que vimos fue un error a secas o un error en el intento de engañar? Son distintos niveles de gravedad. Y es que ya vimos cómo se usó el dinero de CORFO para arreglar los números. No sería demasiado raro pensar que se pueda perseverar en esa ruta. Pero hay una segunda implicación, que nos retrotrae al problema de la categoría.

Este episodio demuestra de forma clara cómo incluso liderazgos que parecían blindados por su experiencia técnica pueden verse comprometidos cuando falta el nivel político suficiente para anticipar, gestionar y corregir errores bajo presión. Mario Marcel ha quedado contaminado por superiores políticos que exigen milagros y por equipos técnicos que sencillamente no saben preparar el material mínimo.

Más allá del traspié puntual, lo que queda expuesto es una fragilidad estructural: la insuficiencia de categoría política y técnica que ha caracterizado al gobierno del presidente Boric. La suma de errores en todos los ámbitos de la administración del poder es enorme.

El presidente y su gobierno no ha defendido sus valores y cuando ha sido pragmático lo ha hecho más para resolver problemas políticos propios que asuntos estructurales.

Además, la eficacia del gobierno ha sido bajísima: sencillamente prácticamente nada ha avanzado. Pero el asunto más lamentable, más decadente, es ver altos funcionarios cuyas demostraciones nos producen una sutil picazón, una cierta corriente fría en el cuerpo, la necesidad de bajar la mirada… Es decir, esa sensación paradojal y empática que llamamos ‘vergüenza ajena’.