¿Quién responde por el apagón? La derecha, la privatización y la amnesia política

En Chile, con este último apagón eléctrico en todo el territorio nacional, nos quedamos abandonados a nuestra suerte para regresar a casa y esperar la llegada de la noche donde la oscuridad lo era todo. Esto nos obligó a levantar la vista al cielo y constatar que esa bóveda celestial maravillosa con infinitas galaxias y estrellas aún seguía allí y es precisamente la luz que ese día no tuvimos, quien, nos la oculta y nos priva de su compañía. Afuera había estado de excepción, toque de queda y los militares patrullando nuestras ciudades. Hoy no por la caída de una torre o un cadenazo sino por un blackout o caída total del sistema.

Con todo, esta fue una extraordinaria oportunidad de mirar al cielo porque las compañías eléctricas solo brillaban esa noche por su ausencia. La luz del sol volvía al día siguiente y la eléctrica también. Era natural después de esta tormenta que no es natural, es obra del hombre y tiene nombre y apellido.

Energía en manos extranjeras, costos para los chilenos

Las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de electricidad en Chile, que están en manos de capitales pertenecientes a otros países, China, Francia, Colombia e Italia, es decir, no son chilenas. Pero tienen la responsabilidad de brindar el servicio eléctrico de calidad y continuo por el cual pagamos todos los chilenos y cuyas tarifas el año pasado y este año han sido reajustadas con aumentos de más del 50%, especialmente para los hogares de clase media que no califican para los subsidios.

Chile está en condiciones de exportar electricidad, la capacidad de generación solar particularmente nuestro desierto de Atacama, tiene hoy un excedente permanente. Y en el sur de Chile la energía eólica sigue creciendo sistemáticamente. Es decir, energía eléctrica tenemos más que suficiente para la actual demanda nacional.

Por ello cuesta entender que un apagón como este suceda en un sistema que tiene demanda satisfecha y oferta abierta a través de estas formas de generación y otras innovadoras como la captura de gas metano desde el tratamiento de los residuos domiciliarios, nuestra basura.

Nuestro Sistema Eléctrico (SE) está al alza, no solo de tarifas para los clientes-ciudadanos, sino también en producción de energía eléctrica. Entonces, ambas cosas deberían marcar el rumbo para garantizar que el sistema no llegue a colapsar, pero lo hizo y puede volver a hacerlo. Eso es lo que deben cuestionarse las empresas privadas y el gobierno.

El debate de hoy gira en torno a la reposición del servicio eléctrico, un tema de vida o muerte para las 12 mil familias con personas electrodependientes. La falta de generadores las pone en una situación crítica, y, hasta el momento, las empresas no han entregado estos equipos de emergencia.

La privatización de los servicios básicos

La pauta política en el día siguiente se centró en asignar responsabilidades y la primera en emerger en este obligado debate nacional fue la exsenadora y ex lcaldesa y precandidata presidencial, Evelyn Matthei, para responsabilizar al gobierno y guardar silencio sospechoso sobre los propietarios de las empresas eléctricas, hoy privadas, antes públicas. Una aparición pública pensada solo para señalar que es el gobierno quien debe garantizar el suministro eléctrico y que el presidente Boric ha faltado a su deber.

La disonancia cognitiva es imperdonable. Quienes promovieron la privatización de los servicios básicos, especialmente el eléctrico, trasladando su administración del Estado a manos privadas, claramente la padecen. Durante décadas, la derecha se ha opuesto a una mayor regulación del suministro eléctrico y ha bloqueado la necesaria modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Esta en la región del Biobío tiene una planta de 6 funcionarios y solo una oficina en la capital regional Concepción, las provincias carecen de este privilegio y quien quiera reclamar un abuso debe ir a Concepción. Y en el resto del país la situación es similar. Y si bien es cierto que cuenta con sistemas tecnológicos de supervisión, carece de capacidad de fiscalización y prevención como quedó demostrado en los devastadores incendios forestales hace algunos años producto de la falta de mantención de las líneas transmisoras.

La figura del Coordinador Nacional Electrico debe ser revisada. Este a sido incapaz de concretar la construcción de nuevas líneas y subestaciones esenciales para que se puedan conectar las energías renovables. Van 5 licitaciones declaradas desiertas. Y no tuvo la capacidad de sumar las Centrales de Generación Hidroeléctricas para enfrentar la crisis, siendo esa su única función. Esta es una empresa privada que responde a la SEC y su rol en esta crisis debe ser evaluado.

¿Para qué regular? Así respondían, con una pregunta. Esto fue la prédica por décadas de los parlamentarios de la derecha, quienes hoy parecen tener además, amnesia legislativa.

La constatación de esta política anti regulatoria consta en los debates de comisiones y sala del Senado de todos los proyectos de ley que buscaban fortalecer a la SEC. La evidencia está allí, y duerme junto a los proyectos de ley que jamás fueron despachados por el bloqueo legislativo “Dejar que el mercado regule el sector” pero el mercado no lo hizo.

Matthei sabe perfectamente que una falla de esta envergadura debe ser investigada y sancionada. Cada retraso en pagar la cuenta mensual de la luz termina en corte y mayor costo a los usuarios. Y por tanto culpar al gobierno a priori es temerario y distorsiona el necesario análisis de esta crisis. Hay pérdidas aún no calculadas, pero lo que sí está calculado es evitar que el costo lo asuman las empresas administradoras del SE que, por cierto, no son chilenas y están prontas a recurrir a demandar al Estado chileno cuando las utilidades y rentabilidad económica no se cumplen, como lo establece el TPP 11 y los tratados de libre comercio. Ello lo sabe bien la exsenadora Matthei quien respaldó con ímpetu su aprobación.

Por ello no resulta creíble su prédica de defensa del interés nacional pues muy poco le interesa sancionar a los responsables. La defensa de la patria es la defensa de los derechos ciudadanos y aquello es la defensa de la soberanía. No se pueden erigir como defensores de la patria y no defender los intereses ciudadanos que son en definitiva la soberanía, pues sin ciudadanía no hay soberanía.

Los ciudadanos afectados con pérdidas y perjuicios por esta situación deberán demandar a las empresas responsables y si el Estado no apoya estas demandas se debe demandar, también al Estado, como responsable de la fiscalización.

Apagón en Chile: el gobierno no puede ser neutral en esta coyuntura

La ciudadanía debe organizarse y defenderse, con respeto pero con firmeza. Exigir al congreso nacional la restitución de la soberanía sobre nuestro estratégico sistema eléctrico nacional, de otra manera esta crisis volverá a ocurrir.

Las empresas no actuarán más allá de lo que la ley les exija. Al privatizarlas sin regulación y sin una deliberación ciudadana o parlamentaria, este proceso fue impuesto por la fuerza, excluyendo por completo a la ciudadanía. Como resultado, se ha producido una pérdida progresiva de soberanía, que a menudo conlleva el deterioro o la supresión del derecho a debatir sobre los asuntos públicos que nos afectan. Esto no solo genera daño material y moral, sino que también restringe derechos y altera el normal funcionamiento de la sociedad.

Y nada se hace para terminar con esta condición de solo clientes y no ciudadanos. Por ello se confunde Matthei al que creen ser nacionalista y atacar al Estado que ellos mismos han jibarizado y atrofiado en sus funciones estratégicas, paradojalmente para ellos, afectando gravemente la seguridad nacional, pues junto con minimizar las responsabilidades de las empresas a las cuales han protegido con este modelo fracasado, han limitado las capacidades de fiscalización y defensa de los intereses ciudadanos, cuando se optó por la concesión del Estado para el funcionamiento de estas empresas que comprometían cumplir y no lo han cumplido. Eso debe cambiar definitivamente ahora.

Lo mínimo a exigir es eficiencia y no la han tenido. Si esta administración fuera del Estado Matthei, Kast y Kaisser estarían marchando por su privatización. El discurso de estas personalidades de la derecha criolla para tener una mínima credibilidad, es que no eximan a las Empresas y no las omitan en sus discursos.

En los hechos duros y puros su defensa de la economía los llevó a entregar la soberanía. Chile no es soberano en sus riquezas naturales y algunos como Matthei no saben la diferencia entre nacionalismo y soberanismo.

¿Cómo se regulan estás empresas?

Se rigen por contratos y licitaciones internacionales realizadas por Chile. Son empresas monopólicas en las cuales no existe opción de otro mercado, no existe la competencia, no se puede comprar electricidad a otra empresa en el barrio, la comuna o región. La única respuesta posible es una regulación fiscalizadora y protectora en la que sea salvaguardada la soberanía nacional.

La candidata presidencial debería señalar a quién va a defender y qué busca proteger con su candidatura a La Moneda. Por su discurso queda meridianamente claro que no ha variado su convicción parlamentaria sobre el mercado y su autorregulación. Y una vez más el que paga los costos de la desregulación es la ciudadanía, sin voz ni voto en este debate pendiente en Chile.

Tengo la certeza que son millones los chilenos y chilenas indignados que pagan con esfuerzo y sacrificio su cuenta de la luz mes a mes y no merecen ser atropellados de esta manera. La soberanía siempre y ante toda circunstancia recae en el pueblo y solo el pueblo.

El Gobierno debe tomar la iniciativa y asumir como parte de su programa el crear un sistema de fiscalización eléctrico en este su último año y poner a prueba al Senado y la cámara de Diputadas y Diputados que en un año electoral estarán en total evaluación ciudadana a través de voto popular.

No habrá en lo cercano una oportunidad de avanzar para fortalecer los derechos de las personas y el rol regulador del Estado. Los partidos tienen el deber de incorporar esta temática a su agenda inmediata, no hacerlo será un nuevo error político y social.

Lo único seguro es que lo más cercano entre los ciudadanos clientes y las empresas será la boleta de cobro. Pero se debe observar a todos los actores con la mayor sabiduría y es un deber ciudadano, pues no son solo un número de cliente.

La entrega de empresas estratégicas no fue desnacionalizar la economía, fue la cesión de soberanía y hoy estamos pagando las consecuencias.