Imputados del buque Cobra acuden a la Corte Suprema por sanción que revocó sus licencias

Como un actuar “desesperado” calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma el recurso presentado por los imputados vinculados al buque Cobra ante la Corte Suprema, con el fin de anular la sanción administrativa que revocó sus licencias.

Así lo señalaron Soledad Sepúlveda y Fernanda Carrasco, familiares de pescadores fallecidos tras la colisión de la lancha con el buque Cobra de Blumar, ocurrida hace casi un año.

En concreto, indicaron que la acción busca invalidar la sanción aplicada en la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM), que determinó la revocación de por vida de la licencia de patrón de pesca al capitán del pesquero de alta mar, Roberto Mansilla. En tanto, al jefe de máquinas, Jaime Sandoval, se le suspendió la licencia por dos años, mientras que al piloto Luis Macaya se le aplicó la misma medida por un año.

Los tres, formalizados en la causa, recurrieron al máximo tribunal luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisible el recurso presentado, el cual busca dejar sin efecto lo resuelto por la ISAM.

Ante esto, familiares de las víctimas señalaron que “ellos van a tratar de utilizar cualquier artimaña para poder defenderse, porque están desesperados, porque siempre hemos ido adelantados, porque hay pruebas tangibles, porque hay videos. Desde el primer día ellos no han sabido qué hacer y se contradicen en sus declaraciones”.

En ese contexto, el abogado querellante Rafael Poblete manifestó su expectativa de que la Corte Suprema ratifique la inadmisibilidad ya decretada en Valparaíso, calificando el recurso como “absurdo”.

Justificación del recurso presentado por los tripulantes del Cobra

El abogado defensor Alejandro Espinoza, en tanto, justificó la presentación ante la Corte Suprema señalando que la sanción, entre otras aristas, “se fundamentó en hechos y norma jurídica que no fueron objeto de la formulación de cargos”, además de acusar “vulneración de la presunción de inocencia y al debido proceso“, junto con la afectación de garantías constitucionales como “el derecho al trabajo“.

Asimismo, sostuvo que la sanción administrativa no cumple con el estándar necesario para complementar una imputación penal, advirtiendo que esta se basa en el criterio de la autoridad marítima respecto a que el capitán “responde bajo cualquier circunstancia, independiente de lo que haya hecho o no hecho”.

De esta forma, queda ahora pendiente que la Corte Suprema se pronuncie sobre los recursos presentados por los tripulantes del PAM Cobra, en un proceso que se desarrolla en paralelo a la formalización realizada esta semana en Coronel.