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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió la acusación constitucional en su contra, mientras la comisión revisora aún espera el listado completo y las copias de los decretos de rebaja de condena solicitados. La instancia sesionará este lunes y convocó a Rabat, autoridades y exautoridades. El libelo cuestiona rebajas otorgadas a 56 condenados por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad, y acusa posibles infracciones legales y al deber de probidad.

El diputado Raúl Soto (PPD) confirmó este sábado que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, presentó su respuesta a la acusación constitucional en su contra. El parlamentario, que presidirá la comisión revisora, advirtió que la cartera aún no entrega todos los decretos de rebaja de condena solicitados por la instancia.

La comisión sesionará este lunes a las 16:00 horas. Entre los primeros convocados están Rabat, el exsubsecretario de Justicia Luis Silva y el actual subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

También fueron invitados el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el abogado y académico de la Universidad de los Andes, Alejandro Romero.

Soto advierte que falta el listado completo de decretos

El diputado indicó que sigue pendiente la entrega del listado completo y de las copias de los decretos de rebaja de condena firmados por el actual gobierno, que la comisión solicitó mediante un oficio. Soto planteó que se debe resguardar la identidad de las víctimas al entregar los documentos.

“Eso es necesario para el trabajo adecuado de la comisión para transparencia, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido”, zanjó.

Los tres capítulos de la acusación contra Rabat

El libelo apunta a la eventual responsabilidad política de Rabat en la firma de decretos que rebajaron las penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales y crímenes de lesa humanidad.

El primer capítulo sostiene que las rebajas habrían vulnerado la legislación nacional y tratados internacionales de protección de la infancia. El segundo cuestiona los beneficios otorgados a condenados por crímenes de lesa humanidad por un presunto incumplimiento de los requisitos del Estatuto de Roma.

El tercero plantea una eventual infracción al deber de probidad por la presunta entrega de información falsa o imprecisa al Congreso.