Tras poner fin anticipado al contrato, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) pidió a la Fundación EnRed Social restituir $250 millones. Sin embargo, desde la entidad calificaron como "desproporcional y arbitraria" la petición del organismo, señalando que si bien se atrasaron los objetivos contemplados en un principio en el proyecto, los nuevos plazos habrían sido aprobados por ambas partes.
La Fundación EnRed Social respondió a la solicitud del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que pide la restitución de $250 millones tras poner término anticipado a un convenio, calificándola de “desproporcional y arbitraria”.
Así lo informó la entidad mediante un comunicado, donde cuestionan los “supuestos incumplimientos en los plazos de los convenios” dichos por el Minvu, ministerio de preside Carlos Montes.
“La Fundación Enred Social afirma que dicha medida es desproporcional y arbitraria, pues lo único que se imputa es un atraso en la ejecución de los acuerdos y no el mal uso de los fondos públicos”, explica.
En ese sentido, advierte que “dar término anticipado a los convenios resulta desproporcionado, pues no es extraño que los proyectos se atrasen. Hay múltiples ejemplos de lo anterior”.
Recordemos que el pasado 10 de agosto, desde el Seremi de Vivienda en Valparaíso decidieron congelar el convenio, dándole fin anticipado.
“Además, el atraso es discutible, puesto que la resolución que pone término a los convenios sostiene que éstos (convenios 2830, 2831 y 2832) debían empezar el 21 de diciembre de 2022 y comenzaron en marzo de 2023. Sin embargo, se omite que recién el 24 de marzo de 2023, se aprobó la carta gantt, sin cuya aprobación era imposible dar inicio al trabajo“, detalla.
Incluso, EnRed señala que “la autoridad, al aprobar una carta gantt que indicaba que la ejecución del convenio comenzaba el 24 de marzo de 2023, validó el nuevo plazo de inicio. De lo contrario, habría rechazado el cronograma contenido en aquella planilla”.
Incluso, indican que esta solicitud “atenta contra la buena fe y actos propios de la autoridad aprobar una fecha de ejecución del convenio, 24 de marzo de 2023, y que luego, en agosto de 2023, la misma autoridad se desdiga del significado de esa aprobación”.
Por lo anterior, la Fundación apunta a una contradicción por parte de la cartera de Gobierno declarar que “el convenio debió haber empezado en diciembre de 2022 e invoque aquello como causal de término del mismo”, siendo que se aprobó la nueva fecha de inicio (marzo de 2023).
