Tras el abandono de las obras del Liceo Carmela Carvajal en Osorno, el Gobierno Regional se querelló contra la empresa responsable, la que se fue a quiebra.
El Gobierno Regional de Los Lagos confirmó la presentación de una querella en contra de la empresa que estaba a cargo de ejecutar las obras del mejoramiento del liceo Carmela Carvajal en Osorno, que quedaron abandonadas en septiembre por la quiebra de la firma Baker.
En un principio, la obra comenzó el 6 de marzo de 2020 con un monto de 7 mil 200 millones de pesos, y se esperaba que finalizara a mediados de 2021, sin embargo, por problemas de diseño se amplió en un año más.
Junto con ello, se aumentó el presupuesto por más de 1.400 millones de pesos, pero pese a esto, el resultado fue fallido, confirmando en septiembre la quiebra de la firma Baker.
Respecto de la querella, se explicó que se trata de un recurso legal en contra todos quienes resulten responsables por los delitos de falsificación e instrumento privado mercantil, falsificación de instrumento público y fraude al Fisco.
Lo que busca la acción legal es que se investigue y se determinen las eventuales responsabilidades penales de las personas involucradas en los hechos, entre ellos funcionarios públicos, que se relacionen con la ejecución del proyecto, financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y cuya unidad técnica es el municipio de Osorno.
Según explicó el jefe del departamento Jurídico del Gobierno Regional Los Lagos, Alejandro Macías, la querella se vincula con facturas ideológicamente falsas y aceptadas irregularmente por el departamento a cargo del Gobierno regional.
“Por una parte correspondían a estados de pago derechamente inexistentes, y por otra a estados de pagos falsos o adulterados. Las facturas referidas fueron aceptadas irregularmente por un funcionario del Gobierno Regional, y cedidas posteriormente por la constructora a empresas de factoring”, detalló Macías.
El jefe del departamento Jurídico del Gobierno Regional Los Lagos también explicó que se busca establece el nivel legal de resguardo del patrimonio regional y el compromiso con la probidad pública.
Por su parte, el gobernador regional, Patricio Vallespín, se pronunció ante la medida, calificando a la instancia legal como una respuesta a la protección de los recursos de la zona.
De igual forma, dijo que ante cualquier iniciativa no pueden existir irregularidades o aprovechamientos. “Veremos cómo sigue el proceso, pero nosotros estamos haciendo lo nuestro. Ser un Gobierno trasparente y eficaz también significa resguardar, proteger el patrimonio del Gobierno Regional”, manifestó Vallespín.
La investigación la lleva a cabo la Fiscalía local de Puerto Montt y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, solicitando al ministerio público la entrevista de testigos y la realización de peritajes.
