El exsubsecretario de Pinochet, Jaime García Covarrubias, abrió un inesperado frente judicial desde la cárcel. Condenado por el secuestro de un detenido desaparecido durante la dictadura, ahora acusa de prevaricación a los tres jueces que lo enviaron a prisión. Una ofensiva que pone a los magistrados en el centro de una investigación encabezada por la fiscal Ximena Chong.

Primero fue un hombre de confianza del dictadura. Después, un académico que enseñaba defensa y seguridad en Estados Unidos. Hoy está preso en Colina I. Jaime García Covarrubias, último subsecretario general de Gobierno de Augusto Pinochet y brigadier en retiro del Ejército, abrió una nueva batalla judicial. Esta vez no apunta contra sus antiguos acusadores. Apunta contra los jueces que lo condenaron por el secuestro y desaparición de Jaime Eltit Spielmann, militante de la Juventud Radical en los 70.

Mientras cumple siete años de cárcel, el exmilitar ligado a la contrainteligencia de la DINA, presentó una querella por el delito de prevaricación contra los tres magistrados que revocaron su absolución. Los acusa de haber cometido graves irregularidades al sentenciarlo.

Detrás de esta ofensiva aparece una historia que comenzó en el Regimiento Tucapel de Temuco, en septiembre de 1973. Un recinto donde los prisioneros políticos eran interrogados y torturados, y donde distintos testigos situaron a García Covarrubias, a veces vestido de gala, otras moviéndose de noche entre los detenidos.

La denuncia ya está en manos de la Fiscalía y tiene una protagonista inesperada para la defensa: Ximena Chong.

Jaime García Covarrubias: de Pinochet al Pentágono

Jaime García Covarrubias hizo carrera en el Ejército y llegó a convertirse en una autoridad del último periodo de Augusto Pinochet. Entre noviembre de 1988 y marzo de 1990 fue subsecretario general de Gobierno, en plena transición a la democracia.

Pero su historia con el régimen venía de mucho antes.

En 1973 era teniente y ayudante del comandante del Regimiento Tucapel, el coronel Pablo Iturriaga Marchesse. Trabajaba cerca de la jefatura militar y participaba en tareas de la Fiscalía Militar que funcionaba dentro del recinto.

Allí también estaba su hermano menor, Raimundo García Covarrubias, subteniente del Ejército. Ambos terminarían vinculados a investigaciones por los crímenes cometidos contra prisioneros políticos en Temuco.

El golpe de Estado marcó el comienzo de una trayectoria que llevaría a Jaime García a las altas esferas de la dictadura. Más tarde, ya en democracia, continuó su carrera militar y académica. Entre 1995 y 1997 dirigió la Academia de Guerra del Ejército. Después cruzó las fronteras.

Desde 2001 estuvo vinculado al Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de la National Defense University, una institución relacionada con el Pentágono estadounidense. Allí enseñaba estrategia, seguridad y relaciones civiles-militares.

Pero el pasado que había dejado atrás volvió a alcanzarlo. En 2013, una prohibición judicial de salir de Chile le impidió regresar a Washington. Su contrato terminó en febrero de 2014.

Los crímenes del Tucapel

El 13 de septiembre de 1973, el abogado y militante de la Juventud Radical Jaime Eltit Spielmann fue detenido en Santiago. Semanas después terminó en el Regimiento Tucapel de Temuco. Allí fue visto con evidentes señales de maltrato. El 13 de octubre se perdió su rastro. Nunca más apareció.

La investigación judicial estableció que en el recinto militar funcionaba un sistema de detención, interrogatorios y torturas contra prisioneros políticos. Y distintos testimonios pusieron a Jaime García Covarrubias dentro de esa estructura.

Uno de los relatos más crudos fue el de Herman Carrasco Paul, sobreviviente del Regimiento Tucapel. Según recoge la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, el detenido declaró haber sido torturado por García Covarrubias, quien actuaba a rostro descubierto y, en una de aquellas noches, vestía tenida de gala y portaba una fusta.

En septiembre de 2010, el sobreviviente lo reconoció en un careo judicial. Otros testimonios ayudaron a reconstruir sus movimientos.

El cabo primero Juan Labraña Luvecce lo situó entre los oficiales que podían ingresar al gimnasio donde permanecían encerrados los detenidos. Héctor Muñoz Garrido, en tanto, declaró que García Covarrubias y otro oficial se movilizaban de noche en asuntos relacionados con los prisioneros.

García Covarrubias negó su participación en los interrogatorios y su defensa ha cuestionado varias de esas declaraciones.

En el caso de Eltit, el ministro en visita, Alejandro Madrid, inicialmente le dio la razón: el 9 de febrero de 2017, después de años de investigación, absolvió al exmilitar al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su participación en el secuestro.

Parecía el cierre de esa causa. Pero no lo fue.

En noviembre de 2020, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago revocaron la absolución y lo condenaron a siete años de presidio como autor del secuestro calificado de Eltit. Los jueces consideraron que los testimonios y demás antecedentes demostraban su vinculación directa con la detención, los interrogatorios y las torturas dentro del regimiento.

En marzo de 2023, la Corte Suprema rechazó los recursos de la defensa y la condena quedó firme.

—Es una situación injusta y basta con leer la sentencia, pero ya está. Son los que la firman los que deben sentir vergüenza (…) Algún día estos fallos serán estudiados en las escuelas de derecho para vergüenza de sus signatarios —dijo en una carta enviada en 2023 a su familia y amigos.

Las otras causas del exbrigadier

Caso Polvorín: García Covarrubias y su hermano Raimundo fueron procesados por los crímenes de siete prisioneros políticos asesinados el 10 de noviembre de 1973 en el Regimiento Tucapel. Sus muertes fueron presentadas inicialmente como resultado de un supuesto asalto al polvorín.

En junio de 2025, la Corte de Apelaciones de Temuco condenó a Jaime a 12 años y seis meses como cómplice de los siete homicidios, además de siete penas de 50 días por apremios ilegítimos. Sin embargo, la sentencia aún no está firme: la causa se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Caso Rubén Morales Jara: el exmilitar también fue investigado por el homicidio de un profesor de Matemáticas y militante del MIR, asesinado por una patrulla militar en septiembre de 1973. Fue condenado en primera instancia a cinco años como cómplice, pero la Corte de Temuco lo absolvió en 2021. La Suprema mantuvo esa absolución en mayo de 2025.

Los jueces en la mira

Más de tres años después de que la Suprema confirmara su condena por el secuestro de Eltit, García Covarrubias decidió contraatacar y presentó una querella de capítulos contra los tres magistrados que lo sentenciaron en el tribunal de alzada capitalino: Miguel Vásquez Plaza, Elsa Barrientos Guerrero e Inelie Durán Madina.

Les atribuye un cuasidelito de prevaricación judicial. En simple, sostiene que los jueces habrían incumplido gravemente sus deberes al dictar una condena sin respetar las exigencias legales sobre la valoración de la prueba.

La defensa apunta a un hecho central: el mismo expediente que permitió absolverlo en 2017 terminó siendo utilizado para condenarlo en 2020, sin que se incorporaran nuevos antecedentes decisivos, según plantea la querella vista por este medio.

También cuestiona el uso de declaraciones provenientes de otras investigaciones, especialmente del Caso Polvorín, y asegura que los magistrados no ponderaron adecuadamente testimonios rectificados o controvertidos.

Consultado por BioBioChile, el abogado de García Covarrubias, Ricardo Bravo Cornejo confirmó la acción judicial y explicó los motivos: “Mi representado fue absuelto de responsabilidad penal por el propio juez que investigó los hechos, quien no tuvo por acreditada su participación en el delito. Posteriormente, la Corte de Apelaciones revocó esa absolución y le atribuyó responsabilidad penal, imponiéndole una condena de siete años de presidio”.

El abogado insiste en que la acción no busca castigar a los jueces simplemente por interpretar las pruebas de otra manera.

“Nuestra querella no pretende criminalizar una diferencia de interpretación judicial. Lo que cuestionamos es si, para arribar a esa condena, se respetaron las exigencias legales relativas a la prueba”, afirmó.

La investigación de la fiscal Ximena Chong

El 22 de octubre de 2026, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación la querella y la jueza Carla Cappello ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Según pudo confirmar este medio, la causa terminó en manos de una fiscal conocida por sus investigaciones de alta complejidad: Ximena Chong, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, donde “ya está en desarrollo el trabajo investigativo”.

“Hasta ahora, la única comunicación que hemos recibido del Ministerio Público ha sido de la fiscal Ximena Chong. Entendemos que está revisando los antecedentes de nuestra querella”, dijo Bravo Cornejo, quien valoró el inicio de la indagatoria la que, reconoce, será compleja y sensible.

“No pretendemos que el Ministerio Público comparta anticipadamente nuestra interpretación jurídica, sino que examine los antecedentes y determine si las actuaciones denunciadas pueden constituir un delito”, añadió.

En ese escenario, la defensa espera “una investigación seria, objetiva e independiente, que permita esclarecer los hechos que hemos puesto en conocimiento de la justicia”.

Si la investigación de Chong logra acreditar irregularidades que hayan influido en la sentencia, adelante el jurista que evaluarán “los mecanismos extraordinarios que contempla nuestro ordenamiento jurídico para revisar sus consecuencias”.