El Gobierno decidió insistir con la reforma constitucional para expulsar migrantes, luego de que la iniciativa fuera rechazada por apenas un voto en la Cámara de Diputadas y Diputados. El presidente José Antonio Kast activó el mecanismo constitucional que permite llevar el proyecto al Senado y, si consigue allí los respaldos necesarios, devolverlo a la Cámara para continuar su tramitación.
A través de un oficio ingresado este martes, el mandatario comunicó su decisión de hacer uso de la facultad establecida en el artículo 68 de la Constitución. Recordemos que, como la Cámara de Diputados fue donde comenzó la tramitación del proyecto —es decir, su cámara de origen—, el documento ingresó primero a esa corporación, solicitando que desde allí la iniciativa sea remitida al Senado.
Precisamente, al inicio de la sesión de este martes, el diputado socialista Raúl Leiva pidió que se aclarara cuál será el quórum aplicable en esta nueva etapa de la tramitación, un punto relevante para determinar los respaldos que deberá reunir la reforma para seguir avanzando.
La reforma para expulsar migrantes
La iniciativa busca modificar el actual límite de cinco días para concretar una expulsión administrativa. La propuesta establece un plazo de entre cinco y 60 días, con la posibilidad de renovarlo hasta en dos ocasiones, lo que podría llevar la privación de libertad hasta 180 días en determinados casos.
Además, la reforma habilita al Ejecutivo para impulsar posteriormente una legislación destinada a regular la operación de recintos especiales donde puedan permanecer las personas sometidas a estos procedimientos.
El proyecto fue rechazado en general el pasado 22 de septiembre, cuando obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a uno de los 89 respaldos requeridos.
Se trató de una votación que estuvo marcada por descoordinaciones en el oficialismo. Entre las ausencias estuvieron los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encontraban en Estados Unidos junto al presidente Kast, además de Guillermo Ramírez (UDI). Marlene Pérez y Francesca Muñoz, en tanto, estaban con licencia médica.
En el caso de Ross y Schubert, hubo problemas con la tramitación de los permisos constitucionales que podían incidir en el cálculo del quórum. A ello se sumaron las abstenciones de parlamentarios del Partido de la Gente, pese a las conversaciones que el Ejecutivo había sostenido para conseguir respaldos.
El camino que ahora deberá recorrer
Sin embargo, el resultado en la Cámara no cerró definitivamente la puerta al proyecto. El artículo 68 de la Constitución contempla una alternativa cuando una iniciativa presentada por el Presidente de la República es desechada en general por su cámara de origen, mecanismo al que ahora decidió recurrir La Moneda.
El primer paso es que la Cámara de Diputados remita el proyecto al Senado. La Cámara Alta deberá entonces pronunciarse sobre la idea de legislar y aprobarla en general con el quórum que corresponda, tal como solicita expresamente el oficio presidencial.
Si consigue ese respaldo en el Senado, la reforma regresará a la Cámara de Diputados, donde podrá continuar su tramitación pese al rechazo inicial. De esta forma, el paso por la Cámara Alta funciona como la vía constitucional que permite al Ejecutivo intentar reactivar un proyecto desechado previamente por la corporación donde comenzó su discusión.
Este escenario ya había abierto conversaciones políticas durante las últimas semanas. Incluso surgieron versiones sobre un eventual entendimiento entre La Moneda y sectores del Socialismo Democrático para conseguir los votos necesarios en materia de migración y seguridad.
Desde ese sector, sin embargo, descartaron la existencia de un pacto. El senador socialista Juan Luis Castro negó que se hubiese negociado respaldar la reforma migratoria a cambio de la caída de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
Así, el oficio enviado este martes no significa que la reforma haya sido aprobada ni que el rechazo anterior haya quedado automáticamente sin efecto. Lo que hace La Moneda es activar el mecanismo constitucional para llevar el proyecto al Senado y, si supera esa etapa, devolverlo a la Cámara de Diputados para abrir una nueva oportunidad legislativa.
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