El abogado y exjefe de la sección de atención a público y regulado de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Maximiliano Ramírez, fue destituido tras un sumario administrativo que determinó su responsabilidad por acoso y una grave infracción al principio de probidad y a la dignidad de funcionarias.
Las indagatorias permitieron establecer que el sujeto utilizó imágenes previamente recopiladas para generar representaciones explícitas mediante inteligencia artificial.
De acuerdo a lo consignado por The Clinic, Ramírez recopilaba fotografías de mujeres de sus círculos laborales y universitarios, incluidas imágenes obtenidas desde redes sociales.
El material se encontraba almacenado en dispositivos vinculados al abogado y la investigación estableció la existencia de más de 3.000 archivos, entre fotografías, capturas de conversaciones y contenido sexual generado mediante inteligencia artificial.
El sumario concluyó que “se acredita que el inculpado utilizó imágenes previamente recopiladas para generar (…) representaciones sexualmente explícitas y altamente realistas de las afectadas”.
Por ello, la SMA determinó su responsabilidad por acoso y una grave infracción al principio de probidad y a la dignidad de las funcionarias.
El procedimiento acabó el pasado 3 de junio y Ramírez fue sancionado con la destitución, la medida disciplinaria más severa del Estatuto Administrativo.
Su trayectoria profesional y académica contrasta con los antecedentes que se han conocido del caso. Ramírez es abogado de la Universidad Diego Portales y cuenta con un magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, además de otro en Derecho Público y Litigación Constitucional. A ello se suma un diplomado en Derechos Humanos y Empresas.
Su formación también incluye estudios vinculados a la equidad de género. En 2018 realizó en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) el curso “Equidad de género“, mientras que en 2020 participó en “Políticas pro-equidad de género“, impartido por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Según testimonios de compañeras de trabajo citados por The Clinic, Ramírez se definía a sí mismo como “feminista“.
Fiscalía mantiene investigación desformalizada
La sanción aplicada a Ramírez se circunscribe al ámbito administrativo, por lo que su eventual responsabilidad penal todavía no está establecida.
Desde el Ministerio Público confirmaron que una funcionaria de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó una denuncia por los hechos. La causa permanece desformalizada y actualmente se desarrollan diligencias en coordinación con la Brigada del Cibercrimen de la PDI.
Ahora corresponde a la Fiscalía determinar si las conductas denunciadas son constitutivas de algún delito contemplado en la legislación chilena.
En ese contexto, la generación mediante inteligencia artificial de imágenes sexualmente explícitas de personas adultas, aun cuando se utilicen sus rostros sin autorización, no configura necesariamente y por sí misma un ilícito penal en Chile.
En tanto, el abogado Eduardo Espinoza Rodríguez, quien representa a Ramírez, puso en duda las conclusiones del procedimiento administrativo y aseguró que no se encuentra acreditada la participación de su defendido en la creación o alteración de las imágenes.
En particular, la defensa cuestionó la forma en que fueron obtenidos los archivos y sostuvo que estos fueron extraídos desde un computador personal al que habría tenido acceso una tercera persona.
Asimismo, el abogado afirmó que Ramírez no ha sido notificado de la existencia de una causa penal en su contra y enfatizó que los antecedentes conocidos hasta ahora corresponden exclusivamente al sumario administrativo, sin que ello implique una determinación de responsabilidad penal.
Gobierno anuncia apoyo a afectadas y plantea actualizar la ley ante avance de la IA
La ministra de la Mujer, Judith Marín, condenó los hechos y anunció apoyo a las mujeres afectadas mediante SernamEG. También planteó que la legislación debe actualizarse ante nuevas formas de violencia asociadas a la inteligencia artificial y aseguró que el Ministerio seguirá el avance de la investigación.
“Como Ministerio estamos evaluando mejoras a la ley integral que se promulgó en el año 2024, que, si bien contempla como delito la difusión y el compartir imágenes íntimas sin consentimiento, sabemos que esto es insuficiente en vista del avance de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial”, dijo.
Asimismo, hizo un llamado a denunciar y a recibir orientación a través del Fono 1455.
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