Este miércoles se dio a conocer la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo de su hogar en Madrid se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España y terminó generando presión política para cambiar la legislación.
La adulta mayor falleció en el Hospital Gregorio Marañón de la capital española, según confirmó el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado recogido por El País.
Abascal había sido desalojada el 23 de septiembre del apartamento en el que vivió por 70 años después de que la empresa inmobiliaria Urbagestión adquiriera el inmueble y aumentara el arriendo.
La mujer pagaba 500 euros (unos 550 mil pesos chilenos) de alquiler -heredado de un contrato de renta antigua- y le pedían ahora 1.650 (un millón 800 mil), cifra a la que no podía hacer frente con su pensión de 1.300 euros (un millón 430 mil).
“Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”, lamentó el Sindicato de Inquilinas en el comunicado que también fue firmado por la familia de la adulta mayor.
Aunque desde su entorno consideran que las manifestaciones multitudinarias y acampadas masivas en diferentes plazas del país supone “un antes y un después en la historia de este país”, advierten que “el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”.
“Luchen, sigan luchando por lo que es de ustedes”, cerró el escrito.
Un caso con implicancias políticas
Fue en 2020 cuando Maricarmen fue informada por primera vez -de parte de la empresa- que debía dejar el departamento ya que el contrato había sido subrogado dos veces.
Luego que la inmobiliaria reclamara el término del contrato al comprar el departamento, Maricarmen demandó y ganó en primera instancia.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó dicha sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a Urbagestión.
Su caso instaló en el debate nacional el tema de los desalojos y la vivienda como un problema político.
De hecho, el presidente de Gobierno Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre luego que el Congreso rechazara los dos decretos de emergencia propuestos por el Ejecutivo para enfrentar la crisis.
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