Supremo de EEUU autoriza a Trump a seguir deportando migrantes a terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este martes al Gobierno del presidente Donald Trump reanudar temporalmente su programa de deportaciones de migrantes a terceros países con los que no tienen ningún vínculo.

Según detalla durante esta jornada CNN, el Supremo estadounidense detalló que escuchará los argumentos sobre el fondo del caso en diciembre.

El tribunal aceptó la solicitud de emergencia presentada por el Gobierno para bloquear un fallo de un tribunal de apelaciones, con los tres magistrados liberales oponiéndose al dictamen.

Dicho fallo establecía que las deportaciones a terceros países eran ilegales debido a que a los inmigrantes afectados no se les daba la oportunidad de argumentar que pueden correr peligro si los expulsaban, violando así la ley federal de inmigración.

En ocasiones, el Gobierno de Trump tenía problemas para deportar a migrantes debido a que sus países de origen no los aceptaban. Fue así como en 2025 comenzó a aplicar esta política, enviándolos a terceros países, incluso si la persona no tenía ningún vínculo con el lugar de destino.

Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por agrupaciones de derechos humanos.

En abril, por ejemplo, un grupo de 15 latinos fueron deportados a la República Democrática del Congo (RDC). “Estas expulsiones constituyen violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional de los refugiados”, comentó en aquella oportunidad Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Deutsche Welle.

“Se enmarcan en acuerdos de readmisión o transferencia con terceros países, acuerdos opacos y a veces firmados en secreto que desconocen los mínimos estándares”, agregó.

Se trata de la tercera vez que el alto tribunal permite a la Administración del republicano aplicar dicha medida de manera temporal.

Esta decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre a qué país serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que el Gobierno de Trump justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.