El gobierno libertario sostiene que esa figura del Código Penal, un crimen castigado con reclusión perpetua, “legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”. El análisis crítico de Amnistía Internacional a la medida, que tiene obstáculos legales y políticos a enfrentar.
El gobierno de Javier Milei busca en Argentina suprimir la figura legal del femicidio, presente desde 2012 en el Código Penal para agravar con prisión perpetua el asesinato de mujeres por razones de género. Según el presidente, se creó “una distorsión del concepto de igualdad” que “legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.
Sin embargo, la gestión libertaria se encuentra ante un panorama complejo: modificar la Ley 26.791 y eliminar la figura de “femicidio” podría beneficiar a cientos de condenados que, atándose a la aplicación de la ley más benigna con efecto retroactivo, estén habilitados a pedir la reducción de sus penas y, por lo tanto, salir antes de prisión.
En diálogo con BioBioChile, desde Amnistía Internacional Argentina expresaron su rechazo, aunque consideran “poco factible” que la modificación propuesta por el gobierno prospere en el Congreso, teniendo en cuenta el respaldo unánime que la norma tuvo en su momento.
El polémico anuncio lo hizo el ministro de Justicia trasandino, Mariano Cúneo Libarona, tras las declaraciones que tantos cuestionamientos le trajeron a Milei cuando expuso el pasado 23 de enero en el Foro de Davos (Suiza). “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Ninguna vida vale más que otra”, anticipó el funcionario en X.
En esa sintonía, Milei había dicho que “el feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aun en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios”.
“Llegamos, incluso, al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre sólo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, lanzó el libertario, quien en Davos también despertó rechazo por la asociación que hizo de la homosexualidad con la pedofilia.
Eliminar el “femicidio” en un país con uno cada 30 horas
“Todo femicidio es un homicidio, es decir, la muerte de una persona causada por otra. Sin embargo, no todo homicidio de una mujer constituye un femicidio. El femicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Para que lo sea, debe existir un tipo de violencia particular dentro de un contexto determinado”, declaró a BioBioChile Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, abogada y activista de derechos humanos.
Desde 2012, tras la sanción de la Ley 26.791, Argentina reconoce el femicidio como una figura penal específica y agravada dentro del delito de homicidio, estableciendo la reclusión perpetua como la pena máxima para quienes asesinan a una mujer en un contexto de violencia de género. Previo al cambio, este homicidio simple preveía penas de entre 8 y 25 años de prisión, con la posibilidad de reducción por atenuantes como la buena conducta del condenado.
El femicidio quedó tipificado en los incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal, que agrava la pena cuando el crimen es cometido “por un hombre contra una mujer mediando violencia de género” y “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.
Entre 2017 y 2023 aumentaron un 21,9 % las imputaciones iniciales en los casos de homicidios agravado por violencia de género, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
“Es profundamente alarmante que no se reconozca la especificidad de este tipo de crímenes ni las obligaciones del Estado argentino en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, las cuales tienen respaldo constitucional”, cuestionó la titular de Amnistía Internacional Argentina, recordando que “los femicidios están enraizados en un sistema que perpetúa la discriminación y el menosprecio hacia las mujeres y sus vidas”.
En ese sentido, Belski advirtió que en Argentina, durante todo el 2024, “se registró un femicidio cada 30 horas. Es decir, 252 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres” y enfatizó en que “el 75% de estos crímenes ocurrieron en contextos de violencia doméstica”, de acuerdo con datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Belski citó un informe de ONU Mujeres y la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que confirma que “el 60,2% de las mujeres asesinadas mueren a manos de sus parejas o familiares, mientras que en el caso de los varones esta cifra se reduce al 11,8%, ya que la mayoría de los homicidios de hombres ocurren en espacios públicos”.
Un cambio que beneficiaría a unos 300 condenados a prisión perpetua
Según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación, hay 306 condenas por femicidios en Argentina.
En materia del derecho, rige la aplicación de la ley más benigna, por lo que los condenados por femicidios, en caso de eliminarse la agravante, podrían solicitar una revisión que les dé beneficios. Por ejemplo, favoreciendo su libertad anticipada. Ya no habría una prisión perpetua, y los reclusos podrían ser considerados, según el caso, en homicidios simples con una pena que va de ocho a 25 años.
De todos modos, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina aclaró que la situación “no quiere necesariamente decir que todos los femicidas quedarán libres”.
“En la gran mayoría de los casos este agravante concurre con otros como los homicidios vinculares u otros, lo que hace que continúe la agravante con la misma pena. De igual manera, los que no resulten alcanzados por otros agravantes tendrían derecho a reclamarlo y se evaluará en el caso a caso”, explicó la abogada.
“Es poco factible que la propuesta del gobierno para suprimir el agravante de femicidio prospere en el Congreso. Cuando esta ley fue aprobada en 2012, contó con el respaldo unánime de los legisladores y por varios que hoy cumplen funciones en el actual gobierno”, analizó Belski.
Por último, la reconocida activista repasó que “no existe la ideología de género”, a la que Milei alude y cuestiona de manera peyorativa con frecuencia. Un informe de Amnistía reflejó los retrocesos en Argentina en políticas para la igualdad de mujeres y personas de la comunidad LGBTQI+ durante el primer año de gestión de Milei.
“Las narrativas que niegan o patologizan la diversidad abonan a un clima de intolerancia, perpetúan estereotipos dañinos y envían el mensaje de que la discriminación es aceptada. Esto resulta aún más preocupante cuando tales narrativas provienen de las más altas autoridades de un gobierno, quienes no sólo tienen la obligación de respetar, sino también de garantizar el marco normativo vigente y de prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”, remarcó Belski.
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