Cárcel común o prisión domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura (1976 a 1983) suscita polémica en Argentina, luego de que un tribunal otorgara ese beneficio al emblemático exjefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a perpetuidad.

Dos jueces de la ciudad de La Plata concedieron el viernes la prisión domiciliaria a Etchecolatz, de 87 años, alegando “cuestiones humanitarias” o simplemente su avanzada edad, y generaron indignación entre víctimas directas, testigos en los juicios y organismos de derechos humanos.

El expolicía, que inició el 26 de julio una huelga de hambre, sigue preso porque la vuelta a su domicilio le fue denegada en otra causa.

Desde que en 2006 se reanudaron los juicios por los crímenes de la dictadura, tres años después de la anulación de las leyes de amnistía, los organismos humanitarios han bregado por “cárcel común y efectiva” para procesados y condenados.

Carlos Zaidman, una de sus víctimas, señaló a la AFP que el beneficio para los represores “no es nuevo, pero es un salto de calidad. Etchecolatz es emblemático, es como si lo dejaran ir a su casa a Alfredo Astiz”, el exmarino que infiltró a las Madres de Plaza de Mayo y fue condenado entre otros por el asesinato de dos monjas francesas y una joven sueca en 1977, advirtió.

“No estamos hablando de un viejito bueno y arrepentido, sino que está demostrado en los juicios que es un asesino serial, que ha secuestrado y torturado a miles y ha robado bebés“, advirtió Zaidman, de 64 años, sobre el exjefe de inteligencia de la provincia de Buenos Aires.

Los presos mayores de 70 años tienen en Argentina derecho a la prisión domiciliaria por razones de salud, pero no se aplica de manera automática y depende de cada tribunal.

De los 1.056 detenidos por crímenes durante la dictadura (condenados y procesados), 568 están en la cárcel (54%) y 462 en prisión domiciliaria (44%), según un informe de julio de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. El resto está hospitalizado o en otras dependencias.

¿Cambio de época?

En el primer semestre de este año, desde la asunción del presidente Mauricio Macri, fueron otorgadas 50 detenciones domiciliarias, lo que marcó “una aceleración”, dijo Zaidman.

“Hay una política del gobierno de desandar lo caminado, un retroceso muy fuerte en derechos humanos y sociales”, consideró este lunes el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Macri mantiene una relación tensa con los organismos humanitarios que lo critican, entre otros temas, por subestimar la cifra de 30.000 desaparecidos y decir en campaña que iba a “terminar con el curro (robo) de los derechos humanos”.

Los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que impulsaron los juicios por delitos de la dictadura, dividieron aguas entre aliados y detractores en las organizaciones humanitarias.

“¿Hay que pensar que el gobierno anterior era menos malo, que el actual es más rápido o que ambos son pésimos?”, ironizó la agrupación HIJOS (de desaparecidos) La Plata, crítica de ambas gestiones.

El viernes pasado, el último de 37 represores condenados en un juicio en Tucumán que permanecía en la cárcel, fue también autorizado a regresar a su casa con una pulsera electrónica.

“Está claro que hay un contexto político que está ejerciendo una presión que, si los juicios continúan, que sea con los genocidas en su casa“, consideró Guadalupe Godoy, querellante contra Etchecolatz.

Según la psicóloga Ana Careaga, testigo en varias causas y activista, la prisión domiciliaria es “una suerte de virtual libertad, muchas veces no se controla y se convirtió en la herramienta para reinstalar la impunidad”.

Apelar o no

El secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj, confirmó que no apelará más los fallos que otorguen prisión domiciliaria a criminales de la dictadura.

Una posición diferente esgrimió Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos del gobierno macrista de la provincia de Buenos Aires, quien solicitó la semana pasada “el mantenimiento efectivo de condena de prisión” a Etchecolatz.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, prometió que los juicios seguirán pero los organismos advierten sobre “los artilugios jurídicos que hacen perder peso a condenas ejemplares”, dijo Careaga.

Desde 2006, se dictaron 163 sentencias, con 689 condenados y 69 absueltos. Hay aún 846 procesados. Casi 400 murieron, la mayoría sin condena.