Rodríguez (REP): La izquierda usa ropas para expresarse, pero como yo soy de derecha les causa escozor

La diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) defendió la gestión del presidente José Antonio Kast, asegurando que su administración “se ha destacado por hacer la pega”, en contraste con el gobierno anterior, al que acusó de privilegiar un trabajo “más discursivo”. Además, descartó que la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau haya sido un fracaso, afirmando que impulsar responsabilidades políticas forma parte del deber de su bancada.

En materia de seguridad, Rodríguez respaldó la posibilidad de indultar a uniformados condenados por hechos ocurridos tras el 18 de octubre, al sostener que los carabineros involucrados han sido “juzgados, acusados y perseguidos políticamente de forma injusta”. En esa línea, apuntó contra fiscales, a quienes acusó de perseguir a funcionarios policiales por motivaciones políticas, aunque evitó extender esa crítica a todo el Ministerio Público.

En conversación con BBCL, la parlamentaria también reiteró su postura de eliminar las pensiones de gracia asociadas al estallido social, argumentando que la mayoría de los beneficiarios tuvo algún grado de responsabilidad en los hechos de violencia. Si bien reconoció que existen casos excepcionales de personas cuyos derechos fueron vulnerados sin participar en hechos de violencia, sostuvo que esos casos deberían recibir otro tipo de reparación y no una pensión vinculada al 18-O, ya que, a su juicio, ello constituye “una validación de la violencia”.

Respecto de las críticas que generan sus atuendos en la Cámara de Diputadas y Diputados, Rodríguez aseguró que la izquierda ha utilizado históricamente la vestimenta como una forma de expresión sin recibir cuestionamientos, mientras que, en su caso, “como es de derecha, joven y mujer”, genera escozor.

—En términos generales, ¿cómo evalúa la administración del presidente José Antonio Kast? ¿Qué destacaría?

Yo creo que el gobierno se ha destacado por hacer la pega, cuestión que no habíamos visto en el gobierno anterior, que había basado su campaña y su trabajo en algo más discursivo. Yo siento que acá sí vemos una diferencia importante en que, más allá de los resultados, uno siempre tiene una expectativa mayor; creo que se ha demostrado que la gestión ha ido en línea correcta y que los resultados naturalmente deberían llegar, al menos en mediano y largo plazo, que es lo que uno busca. Uno no busca políticas públicas cortoplacistas, sino que realmente cambien realidades.

—¿En qué quedó la funa/agresión que vivió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile? Hubo desmentidos desde ambas partes, ¿pero hubo novedades al respecto?

Para mí fue una situación súper desagradable porque sí empujé bastante a que se hablara con la verdad, porque se dijo que mi equipo estuvo haciendo burlas, gestos, provocando, y eso quedó instalado, cuestión que obviamente es mentira, pero más allá de eso, la violencia nunca tiene justificación. Entonces, cuando se habla de una provocación o de que ellos hicieron algo, estás aprobando que de alguna manera la violencia tiene una causa justificada y eso no pasa por ahí. Sin embargo, pese a la negligencia de la Dirección de Derecho, se abrió un sumario por parte de la universidad. Recibí un correo donde se me iba a llamar para agendar una conversación relativa al sumario, pero esto fue recién ahora (…) Igual valoro la gestión, creo que es lo mínimo que debería hacer una universidad, pero de parte de la carrera misma no he tenido comunicación, ni siquiera disculpas, ni preocupación, nada. Eso a mí me parece bastante negligente.

—¿Qué espera en el marco de este sumario? ¿Se conformaría con disculpas de parte de la universidad, de los alumnos?

Como primera cosa, yo esperaría que obviamente existiera una investigación sólida, transparente y con objetividad. También espero que existan sanciones para los universitarios que ejercieron violencia, que fueron a funar la actividad, o sea, desde una suspensión hasta una expulsión, si así lo determina la investigación. Creo que pasa por ahí: una sanción y una preocupación de la universidad para que esto no vuelva a ocurrir.

—En materia de indultos, usted y su partido se han mostrado a favor de otorgar este beneficio a uniformados condenados tras el 18 de octubre. En ese caso, ¿no se sobrepone la facultad presidencial a la decisión de los tribunales? Se lo pregunto porque no sería un caso a caso a evaluar, sino la totalidad.

Yo parto desde la base y esto con un convencimiento que parte desde mi historia personal y siendo muy vinculada a la institución dado mi rol y lo que represento, de que los carabineros el 18 de octubre, todo lo que fue el estallido delictual, se levantaron con ganas de servir a Chile, no con ganas de cometer un delito, de ejercer violencia y de todas las cosas dolosas que se les han imputado. Si no partimos de eso, creo que ahí hay un gran quiebre con respecto a lo que pensamos de la institución. Yo parto de esa base, entonces, también pienso que todos los carabineros que estuvieron involucrados en el caso del 18 de octubre están siendo juzgados, acusados y perseguidos políticamente de forma injusta. Entonces, de ahí yo obviamente espero y eso entiendo que lo está haciendo el Presidente junto al ministro de Justicia, que están trabajando por analizar los antecedentes de estos carabineros y también personas de las Fuerzas Armadas que también estuvieron involucradas… Yo espero que por vía ejecutiva se realicen estos indultos.

Sin embargo, como existe esta ley de indulto general que pasa por el Legislativo, también es un camino que nosotros como diputados podemos tomar y que, obviamente, si está en nuestras manos hacerlo, lo vamos a hacer por este convencimiento que tenemos de que lo que ocurrió en este caos social fue algo ilegítimo, que rompió nuestro país, que generó mucha violencia y mucha delincuencia. Está obviamente el camino del Ejecutivo, que va con un análisis de antecedentes, a diferencia de lo que pasó con el gobierno de Gabriel Boric, que sabemos que varios delincuentes siguieron delinquiendo incluso después de ese perdonazo. Bueno, a diferencia de ello, el Presidente está trabajando en una forma seria de evaluar los antecedentes y ese es un camino totalmente legítimo, pero también está el camino legislativo y por eso nosotros también hemos decidido no quedar de brazos cruzados y emprender esa ruta.

—Cuando habla de persecución a los uniformados, ¿a quién se lo atribuye? ¿Al Ministerio Público?

No podría hablar de la institución completa porque creo que hay fiscales que hacen su pega noblemente y me merecen todos los respetos, pero cuando tenemos fiscales como Ximena Chong, que a propósito vio el caso del capitán (r) Pablo Carvajal, ella, yo creo que es un agente que persigue políticamente y con una intención personal a los carabineros y así otros casos. No podría hablar de la institución completa, pero sí hay algunos (fiscales) que por su ideología política están cometiendo persecución directamente y creo que eso no corresponde.

—En cuanto al rol del oficialismo en lo que va de gobierno, ¿cuál es la postura del Partido Republicano? Por un lado, el diputado Benjamín Moreno se muestra más escéptico respecto de la posibilidad de avanzar hacia una coalición formal entre los partidos del sector, pero por otro, el diputado Agustín Romero destaca el mandato de trabajar lealmente. Entonces, ¿hay una postura oficial al respecto? ¿Ve factible concretar esta gran coalición?

Creo que hay que distinguir lo que es una coalición de un aliado natural o un compañero de trabajo. Los tiempos de las grandes coaliciones yo los veo difíciles, pensando sobre todo cómo está la política… Esta política de los grandes acuerdos, impulsada también por el sistema binominal y por otros tiempos, creo que hoy día eso no es tan factible. Sin embargo, no puedo dejar de hacer presente que tanto la derecha más dura como Republicanos y Libertarios, que hoy día es la derecha mayoritaria, por algo votaron al presidente que votaron, más la derecha tradicional que tiene historia y que tiene elementos que la constituyen, tenemos cosas en común, cosas fundantes en común. Entonces, esas cosas no las podemos obviar (…) Obviamente, vamos a tener nuestras diferencias, pero son secundarias cuando hay un camino y un objetivo que es concreto, que es que a este gobierno le vaya bien. Pero sí, obviamente va a haber esta diferencia. Yo veo difícil que actuemos tan en conjunto en algunas cosas, pero tenemos ideas compartidas y eso nos hace excelentes compañeros de trabajo.

—¿Fue un fracaso la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau? ¿Hacen algún mea culpa?

Para nosotros, defender nuestras ideas y buscar responsabilidades políticas cuando creemos que el trabajo no se ha hecho bien es parte de nuestro deber y nunca va a ser un fracaso impulsar una acusación constitucional que nosotros creíamos que tenía cabida y creemos que tiene cabida. Que no haya obtenido los votos o que no haya resultado acusado constitucionalmente el exministro Grau es una consecuencia, pero en el fondo nosotros seguimos insistiendo y haciendo la pega conforme a lo que creemos y en los principios que nos rondan. No veo un fracaso.

—Si para ustedes hay fundamentos jurídicos, pero no prosperó el juicio político en el Congreso, ¿buscarían una alternativa legal?

Si bien apoyé la acusación constitucional, no sé cuál es el camino que vamos a seguir tomando porque es evidente que existen responsabilidades, pero eso yo creo que va más como una conversación de bancada que algo que te pueda asegurar yo.

—Presentó un proyecto con el que busca otorgar gratuidad a hijos de mártires de Carabineros. ¿Cómo se materializaría ese beneficio? ¿A través de algún tipo de programa?

La idea es que sea un programa un poco más robusto. Como es un proyecto que significa gasto fiscal, no mucho en todo caso, pero es un proyecto que es de gasto fiscal, yo se lo presenté al Ejecutivo para que lo pudiera evaluar y considerarlo dentro de las ayudas que el mismo presidente mencionó en la Cuenta Pública, que iban a apoyar a las viudas de los mártires y a su familia. Entonces vamos en la línea correcta y lo que intenta esta idea es poder otorgarle gratuidad. Sabemos que se otorga por niveles socioeconómicos y tiene como otra perspectiva, pero esto es básicamente darle una beca para que la universidad o el lugar donde estudien estos jóvenes hijos de mártires les salga a costo cero, pensando en que sus papás dieron un sacrificio por la patria. Pero además hay que, obviamente, ampliarlo hacia ayuda psicológica y acompañamiento. Son varias cosas que van de la mano; no es simplemente una ayuda económica, sino que es un respaldo total a la familia de carabineros.

—Y en situaciones más complejas o delicadas, como la muerte del carabinero de Puerto Varas que todavía está bajo investigación, ante un posible suicidio. ¿Qué pasaría? Y en ese caso, ¿se apresuró el gobierno? Porque el despliegue fue inmediato e incluso hubo un ascenso póstumo, pero sin esperar la indagatoria.

Si así lo presenta la investigación y efectivamente esto termina en que fue un suicidio, lo que sería lamentable, siempre la muerte es lamentable, pero también un suicidio lo es; yo creo que ahí los beneficios o las ayudas se deberían terminar y tratar el caso como lo que es. Pero hasta el momento la investigación sigue en curso. Sin embargo, a mí me gustaría ser muy clara: si muere un carabinero, incluso si se presume que muere un carabinero en situación de mártir, el Estado no debe dudar ni un segundo en darle todos los apoyos porque, si entramos de plano a dudar de cada procedimiento, creo que eso sería quitarle la espalda a una institución que está dando la vida por nuestro país.

—Usted es muy cercana a la institución, por su familia. En términos generales, ¿cómo ve la salud mental al interior de la institución?

Yo soy hija, nieta, sobrina; de familia completa. Le tengo mucho cariño, y no solo cariño, sino ganas de que sea mejor. Sabemos que los funcionarios… de hecho, siempre se ha hablado de la cantidad de licencias médicas que tienen los carabineros producto de su trabajo, que es de altísima atención. Entonces, siempre que se pueda apoyar en términos de salud mental y no solamente en el campo médico, creo que el apoyo que se tiene que dar a la familia de carabineros, que son quienes contienen en el fondo a los funcionarios, debería ser mayor, sin duda (…) Son muchas las cosas que se tienen que hacer en pos de los carabineros, desde mejorar los sueldos, obviamente el respaldo político, que eso no queda duda lo nefasto que fue en el gobierno anterior y desde el estallido social, pero creo que los apoyos van a ir llegando y tienen que ir en el sentido integral del carabinero, no solamente monetario, sino que salud mental, prestaciones y familia. Son varias cosas.

—Desde que asumió como diputada, se manifestó en contra de las pensiones de gracia; si el beneficio se acabara, ¿cómo le responde el Estado a las personas a las que sí se les vulneraron sus derechos humanos?

Lo que pasa es que el Estado tiene que hacer una revisión de los antecedentes, cosa que no se hizo antes y, si se hizo, se hizo de muy mala forma (…) No solamente es una entrega a las personas que tienen antecedentes, que es lo que conocemos y en lo cual podemos estar todos más o menos de acuerdo… una persona que delinquió, que hizo un daño y que esté recibiendo una pensión de gracia es al menos cuestionable, sino que también uno tiene que evaluar el caso de las personas que tuvieron una lesión temporal y que se quebraron un dedo, por ejemplo, o que se torcieron el codo y que eso, con un par de semanas o un par de meses, esa lesión se termina. Sin embargo, siguen recibiendo dinero por una lesión temporal. Entonces, revisar si acaso también hay funcionarios públicos que están recibiendo pensión de gracia y cuyo caso no se evaluó de manera correcta, o civiles también. Creo que es algo que hay que evaluar y, si es pertinente, cortarlo (el beneficio). El llamado general es que se termine este beneficio. Si hay personas que fueron vulneradas, que justo estaban pasando por ahí, que son los casos excepcionales, obviamente eso el Estado tiene que hacerse cargo, pero yo creo que la mayoría de los pensionados de gracia, es súper cuestionable el porqué se les dio, el tiempo que se les dio y el nivel de lesión.

—Pero en el caso de las personas que, como dice, iban pasando y que no tenían responsabilidad delictual… están los ejemplos de dos parlamentarios, el diputado Gustavo Gatica y la senadora Fabiola Campillai, ¿mantendría el beneficio o lo eliminaría en su totalidad?

Obviamente, hay casos y casos. El que estaba pasando, el que no tuvo nada que ver, pero yo creo que son los mínimos. Yo siempre he sido firme con terminar con el beneficio porque creo que una gran mayoría tuvo una responsabilidad que, obviamente, las consecuencias a veces fueron mayores, como la pérdida ocular, pero yo creo que la gran mayoría de los casos son súper cuestionables porque, además, muchos de ellos o estaban tirando piedras o estaban manifestándose violentamente, participaron en saqueos… Entonces, cuando uno se compromete con el fin de una política pública, va a ir con todo, pero también hay casos excepcionales, pero yo creo que la mayoría de los pensionados de gracia, y eso lo demostrará el Ministerio del Interior con su revisión, tuvieron alguna responsabilidad. Encuentro, por lo menos extraño, que no se hayan comprometido con una forma violenta de protesta.

—Por eso le preguntaba, porque si se acaba esta política pública en su totalidad, quedaría un porcentaje de personas que no tenían esa responsabilidad delictual. ¿Cómo le responde el Estado?

Es que es un beneficio que se llama pensiones de gracia por el estallido social; yo creo que eso tiene que terminarse. Si alguno de ellos, como estuvimos conversando, estaba pasando y etc., el Estado le debe una pensión de gracia, pero no por violencia.

—O sea no por el concepto de estallido social.

No, porque eso creo que es una validación de la violencia.

—Desde que llegó a la Cámara ha tenido atuendos que salen de lo común, por así decirlo. ¿Le llama la atención que genere tanto revuelo? ¿A qué lo atribuye? ¿O no le toma importancia?

Sí, obviamente es importante. A mí me llama la atención que la izquierda desde siempre ha utilizado la vestimenta o un cartel para decir lo que piensa y eso parece como más o menos normal, a nadie le causa odiosidad, pero como lo hago yo, que soy de derecha, que además soy joven y soy mujer, creo que eso les resulta harto escozor y les llama la atención. Un diputado tiene la función de legislar, de fiscalizar y de representar. Y lo que yo hago es llevar un mensaje, una voz de muchas personas que no tienen voz, y la transmito con lo que digo, cómo me visto, por mis votaciones. O sea, trato de representar a las personas que son de mi distrito y que creen en la libertad, en el orden, en el progreso. Y lo voy a hacer con todas las herramientas que me son cómodas; una de ellas es la expresión en mi vestuario y creo que eso me ha hecho ser muy representativa. Obviamente, tengo mis críticas, mis haters, pero no dejaré de hacerlo porque creo que si hoy día estamos hablando de pensiones de gracia, en parte es porque alguien llevó un mensaje y me siento parte.