El Gobierno de Chile anunció demandas contra padres de menores que destruyan bienes públicos. La iniciativa que fue anunciada por la Subsecretaría del Interior, contempla una implementación de forma inmediata.
El organismo a cargo de la nueva política de seguridad pública, anunció que la medida apunta responsabilizar civilmente a los padres de los menores de edad que sean condenados por arruinar bienes considerados como públicos (señaléticas, semáforos, paraderos, vehículos estatales y municipales, entre otros).
Los parlamentarios argumentaron la iniciativa tras los altos costos que significan para las municipalidades subsanar los daños que se generan en marchas o en fechas conmemorativas, como el Día del Joven Combatiente, 11 de septiembre, Día del Trabajador, entre otras.
Según consignó La Tercera este lunes, el 3 de marzo la Subsecretaría del Interior envió una solicitud al Consejo de Defensa del Estado para que se pronuncie para responsabilizar civilmente a los padres de menores y que estipule los requisitos para concretar las querellas.
Ante lo cual, el organismo respondió de forma positiva el 29 de marzo, a través de un documento que alberga los criterios para realizar las demandas. Además de las normas del Código Civil que se deben invocar.
Iniciativa, requisitos y condiciones
La institución ordenó el uso del artículo 2320, que estipula “que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa“.
De la misma forma, enlistó los requerimiento fundamentales en caso de desarrollar una demanda: que exista una condena y un proceso judicial concluido; los daños sean a bienes públicos; haya documentación que acredite el monto del perjuicio; no esté prescrito el caso; que existan bienes de los demandados que permitan ejercer medidas precautorias en caso de condena; y que los menores residan en la casa de sus padres.
Ante lo cual, Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior, declaró al mismo medio que “esto va dirigido a quien cause daño a la infraestructura o equipamiento público, es decir, adquiridos y financiados con fondos de todos los chilenos y chilenas. Debe haber un responsable de esos hechos. No se trata necesariamente de querellas penales, aunque también pueden serlo, sino demandar civilmente a padres de menores de edad que han participado en destrucción de bienes públicos”.
Pero desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), no se notaron contentos con la iniciativa, ya que para el vocero del organismo, José Corona, esta medida conlleva “represión del movimiento estudiantil“.
Corona además aseguró que la nueva normativa no vendría a funcionar como una solución de las malas prácticas, ya que -a su juicio- “no creo que sea una medida correcta para acabar con la violencia dentro de las marchas porque el actuar de Carabineros y la arbitrariedad con la que se manejan, terminarán condenando a más inocentes que culpables. Muchas veces son estudiantes secundarios, menores de edad, que no tienen que ver y no son responsables de los destrozos“, sentenció.
