El Estado de Chile realizó el acto de desagravio a la jueza Karen Atala -tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos- por la discriminación de la que fue víctima debido a su orientación sexual en el litigio por la tuición de sus tres hijas. En su discurso Atala remarcó el sufrimiento vivido al no estar presente en el crecimiento de sus tres hijas y llamó a las autoridades a perfeccionar las leyes para evitar un caso similar.
En 2001 Karen Atala Riffo, en una mediación familiar con su entonces esposo Jaime López Allendes, asumió su condición lésbica. Fue este argumento que el 14 de enero de 2003 López usó cuando interpuso una demanda de tuición sobre las tres hijas del matrimonio, asegurando que las menores tenían confusiones frente a la identidad sexual de la madre y que su entorno social se estaba viendo afectado.
Tanto las sentencias de primera como de segunda instancia de Corte reconocieron el derecho de la madre al cuidado y la custodia de las menores, pero ante un recurso extraordinario de queja ante la Corte Suprema se revocó -en marzo de 2004- los fallos anteriores basándose principalmente en dos argumentaciones.
La primera de éstas indicaba que “aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo síquico y emocional de las hijas, atendida sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto de la cual deben ser protegidas”.
En la segunda se expresaba que “la convivencia entre Atala y su pareja -Emma de Ramón-, sitúa a las menores en un estado de vulnerabilidad en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de colegio y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal”.
Seis meses después de que la Suprema le quitara la tuición de sus hijas, Atala decidió demandar al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2004. Argumentó que se vulneraron sus derechos esenciales y se violaron ocho artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Chile en 1990.
Tras ocho años y medio de investigación, en marzo de este año se dio a conocer que Chile fue condenado por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación; del derecho a la vida privada y del derecho a ser oído. Sin embargo, establece que no vulneró la garantía judicial de imparcialidad y que Chile no debe modificar sus leyes internas.
Como reparación se estipuló que el Estado debía pagar $35 millones a la jueza y sus hijas, brindar atención médica y psicológica gratuita, publicar la sentencia en el Diario Oficial, implementar cursos antidiscriminación para funcionarios públicos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la discriminación que afectó a Atala y sus tres hijas. Sólo así se pondrá fin al caso.
Ese acto se realizó este viernes en el salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su discurso la jueza Karen Atala Riffo apuntó que la sentencia vino a dignificar a todas esas madres lesbianas y padres gays que han perdido derechos o han tenido que invisibilizar o silenciar su vida afectiva para mantener sus derechos.
En ese aspecto, Atala remarcó el sufrimiento vivido al no estar presente en el crecimiento de sus tres hijas
En representación del Gobierno el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, destacó el “combate continuo y progresivo contra toda forma de discriminación”. En este sentido, resaltó la entrada en vigencia de la Ley Antidiscriminación.
El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, declaró que su presencia en el acto se debió a un compromiso que adquirió con la misma Karen Atala.
El hijo de la jueza, Sergio Vera Atala –del primer matrimonio de Atala- llamó a los discriminados a luchar para cambiar a un Chile más justo.
El abogado José Ignacio Escobar, uno de los representante de Atala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, remarcó la trascendencia de este acto en el continente.
Fuera de su discurso en el acto, Karen Atala Riffo no realizó mayores declaraciones, incluso retirándose por una puerta lateral para evitar a los medios de comunicación.