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Justicia condena a Fiscalía a pagar costas por juicios en contra de Recaredo Gálvez
Publicado por: Fabi√°n Polanco
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No sólo la absolución de Recaredo Gálvez resolvió el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción en el marco del juicio en su contra por atentado a la autoridad y porte de bomba incendiaria. En su lectura de sentencia la tarde de ayer, los jueces condenaron a la Fiscalía al pago de las costas del procedimiento, lo que será compartido también con el mayor de Carabineros, Rolando Molina, quien se querelló contra el dirigente de la FEC.

Un doble rev√©s para el Ministerio P√ļblico result√≥ el juicio oral contra Recaredo G√°lvez. Tal vez previendo esa posibilidad es que nadie de la Fiscal√≠a de Concepci√≥n concurri√≥ a la lectura de sentencia este jueves. S√≥lo asistieron los abogados de la Defensor√≠a Penal P√ļblica y su defendido.

Y es que si bien se conoc√≠a de la inocencia resuelta por los jueces Cristian Guti√©rrez, Hern√°n Rodr√≠guez y Jimena Israel, inesperado fue que el tribunal determinara condenar en costas no s√≥lo a la Fiscal√≠a, sino tambi√©n al querellante en el proceso, el ex comisario penquista, mayor Rolando Molina. Dos tercios del costo del juicio deber√°n ser asumidos por el Ministerio P√ļblico y el tercio restante por el uniformado.

Molina estaba a cargo del grupo policial que en julio de 2011 se aperson√≥ en la Plaza Per√ļ a ra√≠z de una manifestaci√≥n estudiantil, cuando fue detenido Recaredo G√°lvez, golpeado brutalmente por carabineros -lo que fue reconocido en el juicio por el fiscal Paolo Mu√Īoz y tambi√©n por la abogada del querellante Jessica Cortes- y luego formalizado por homicidio frustrado.

Se aseguró que el entonces presidente de la Federación de Estudiante de la Universidad de Concepción atacó con una bomba molotov a los uniformados. La Corte de Apelaciones de Concepción revocó esa medida, pero la Fiscalía penquista reformalizó al joven por los delitos de atentado contra la autoridad y porte de bomba incendiaria.

El Tribunal Oral en lo Penal se√Īal√≥ en el considerando d√©cimo quinto de su sentencia que absolv√≠a a G√°lvez por el gran n√ļmero de incongruencias, inconsistencias y falta de pruebas en la investigaci√≥n del Ministerio P√ļblico, y que por los mismos motivos, adem√°s de la insistencia en una acusaci√≥n infundada, se condenaba a la Fiscal√≠a y al querellante al pago de las costas.

Lo anterior s√≥lo quedar√° a firme una vez que se pronuncie el tribunal de alzada de Concepci√≥n, en caso de que el fiscal Mu√Īoz o la abogada Cortes recurran de nulidad, para lo cual tienen un plazo de 10 d√≠as. En caso contrario, el fallo ser√≠a definitivo y entonces el Tribunal Oral citar√≠a a una audiencia a los intervinientes para fijar el monto a ser cancelado por los condenados.

El plazo siguiente obligaría a notificar al Consejo de Defensa del Estado para perseguir el pago de los montos calculados. Recordemos que el juicio se extendió por siete días.

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