Indígenas panameños mantendrán sus protestas para exigir la derogación de las reformas recientemente aprobadas al código minero, a pesar de que el Gobierno se ha comprometido a no explotar sus territorios, una promesa que los aborígenes consideran un “cuento”.

“Nosotros exigimos que se derogue esa ley que reformó el código minero. No la queremos. Eso es todo”, dijo a la AFP Alba Pedrol, una dirigente indígena de la etnia Ngöbe-Bugle que desde hace días protesta frente al Congreso panameño.

El presidente Ricardo Martinelli sancionó la semana pasada la ley de reformas al código minero, que data de 1964, con el fin de atraer inversiones extranjeras para la exploración y explotación de minerales en el país.

El gobierno dice que con las reformas las empresas concesionadas pagarán más regalías y cánones al Estado, que se utilizarán en aumentar el gasto social, pero indígenas, estudiantes y ecologistas rechazan la reforma por considerar que atenta contra el medio ambiente y entrega a compañías extranjeras la riqueza del país.

Para el martes está convocada una marcha indígena en San Félix (provincia de Chiriquí, al suroeste del país), que se prevé sea multitudinaria y que algunos temen que termine en violentos enfrentamientos, como ha ocurrido en días anteriores, a pesar de que el gobierno se comprometió a no incluir los territorios indígenas en las áreas susceptibles de explotación.

El presidente de la coordinadora nacional de indígenas, Rogelio Moreno, advirtió que si la policía antenta contra la población, “entonces la población se tomará la justicia por su mano”.

“Como gobierno queremos dar toda la garantía de que si la marcha se realiza pacíficamente no habrá uso de fuerza. No habrá policías en el área y que también ellos nos den la garantía de nosotros poder conversar con ellos”, dijo Luis Carles, viceministro de trabajo y mediador gubernamental en el conflicto.

Mientras tanto, las autoridades gubernamentales han insistido en que las comarcas indígenas estarán al margen de la actividad minera y así lo reafirmó este lunes el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, en conferencia de prensa.

“Nosotros no vamos a comer ese cuento porque la reforma ya es una ley y ya el Presidente la sancionó”, dijo a la AFP el presidente de la Comarca indígena Ngöbe-Buglé, Pedro Rodríguez.

“Ya nosotros no le creemos. Es un gobierno mentiroso y traidor”, añadió Pedrol.

Las potenciales ganancias en oro y en cobre de los cuatro principales yacimientos del país se estiman en 10.400 millones de dólares anuales, de los cuales el Estado panameño recibiría unos 400 millones.

Sólo en el yacimiento de cobre en Cerro Colorado, en la comarca indígena Ngöbe-Buglé, habría 17 millones de toneladas, equivalentes a tres años de la producción chilena, la mayor del mundo.

“Que Martinelli venga y se comprometa a derogar esa ley, entonces a algún acuerdo podemos llegar”, dijo Rodríguez.

Según grupos ambientalistas, el 40% del territorio panameño está sometido a solicitudes de concesiones mineras.