Las autoridades de la región del Bío Bío repudiaron el ataque a un vehículo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el viernes pasado y anunciaron la presentación de una querella por este hecho de violencia en el marco de la consulta indígena del proyecto GNL Penco Lirquén.

Para dar cumplimiento a un dictamen de la Corte Suprema -que ordenó abrir un nuevo proceso de consulta indígena en el marco del proyecto de un terminal de GNL en la Bahía de Concepción- el viernes estaba programada una reunión en la sede de la asociación indígena Koñintu Lafquén Mapu en Lirquén.

Algunos términos del encuentro provocaron la molestia de los integrantes de la propia comunidad y de los grupos opositores a la iniciativa energética a cargo de la empresa BioBioGenera y que considera una inversión de 185 millones de dólares.

En medio de los incidentes, el vehículo de la Dirección Regional del SEA, fue rayado y sus vidrios quebrados. La gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, indicó que se presentará una acción legal, pues se realizaba una reunión con un marco ya establecido por todas las partes para avanzar en el proceso.

María Flores Quilapán, presidenta de la Asociación Indígena Koñintu Lafquén Mapu, sostuvo que los integrantes de la comunidad no están involucrados en este ataque, ya que estaban al interior de la cita, que era la primera con el SEA y la empresa.

No obstante, la dirigenta tampoco condenó lo ocurrido y dijo que los grupos que rechazan el proyecto reaccionaron molestos.

“No tenemos ninguna opinión, porque nosotros no fuimos” aseveró.

También se refirió a este hecho el intendente subrogante, Enrique Inostroza, quien condenó la violencia.

En esa línea, la autoridad sostuvo que “no hay ninguna razón que justifique el amedrentamiento y el daño grave que ha ocurrido”.

Este es el último de una serie de hechos de violencia de quienes rechazan este proyecto, que ya antes, en los últimos meses, atacaron propiedad privada, causaron disturbios y cortes de tránsito con barricadas.