Por tercera vez la Fiscalía Oriente le comunicará cargos por delitos tributarios a los ex controladores de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano en el caso de presunto financiamiento ilegal de la política.
Los fiscales que sustancian la investigación por el Caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, se basarán en la querella del Servicio de Impuestos Internos para imputar nuevos cargos contra los empresarios -Délano y Lavín- relacionados con la evasión tributaria en la adquisición de siete vehículos de lujosas marcas.
Si bien fueron comprados por la sociedad Inversiones Pacífico, entre los años 2005 y 2013, tenían como fin el uso personal de los ex ejecutivos y sus familiares, según se establece en el libelo.
También por el Caso Penta, se espera que la Fiscalía Oriente pida audiencia para formalizar por delitos tributarios al ex candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne.
La semana pasada fue imputado el empresario Tomás Carrasco por diversos ilícitos que incluye la facilitación de facturas ideológicamente falsas a Penta y otras 10 empresas destinadas a la campaña presidencial y senatorial del ex ministro de Minería.
El fiscal regional Oriente Manuel Guerra explicó que no es un impedimento para la persecusión penal la inexistencia de una querella específica del SII, por las acciones dolosas que habría desplegado el ex candidato.
Mientras en el Caso SQM, esta semana se debe fijar audiencia, por parte del tribunal de alzada capitalino, para discutir la apelación al fallo del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que sobreseyó al ex senador socialista, Carlos Ominami, por prescripción de los delitos imputados en su contra.
La apelación fue ingresada por el Servicio de Impuesto Internos y fue el abogado de Ominami, el defensor penal público, Pelayo Vial, quien dijo que esperaban este tipo de recurso, pero que confiaban en la ratificación del fallo.
La defensa sostiene que los hechos que se le imputaban al ex parlamentario ocurrieron el 2 de febrero de 2010 y que al momento de presentarse la querella por parte del SII, en octubre de 2015, los delitos ya estaban prescritos.
