Con mención a las transformaciones que enfrenta la actual democracia y a los desafíos que estos cambios imponen desde una perspectiva de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó este miércoles su Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2014.
Ante un público de casi más de 600 personas, la Directora del INDH –Lorena Fries- hizo entrega del Informe al vicepresidente de la República, Rodrigo Peñailillo, al vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma, y al presidente dela Corte Suprema, Sergio Muñoz.
Durante su discurso, Lorena Fries sostuvo que “tenemos una democracia, una ciudadanía que quiere cambios y en este camino, los derechos humanos constituyen un norte y también un límite”.
En su alocución, se refirió también a las principales problemáticas que se han debatido este año en el país, especialmente respecto al acceso de los derechos económicos, sociales y culturales, y su garantía en el marco de una eventual reforma a la Constitución.
Lorena Fries hizo también hincapié en su discurso a los avances registrados en el país en materia de institucionalidad en derechos humanos, como son el progreso que ha tenido en el parlamento la creación de la futura Subsecretaría de Derechos Humanos y también la extensión de la presencia del INDH a las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, Bío Bío, Araucanía y de Los lagos.
Revisa el desglose del informe hecho por el INDH:
Desafíos para la profundización democrática
En este capítulo del informe, se trató la eventual reforma a la Constitución Política, estableciendo que ésta debe ser el reflejo de los acuerdos mínimos dentro de una sociedad democrática, dotándola de un relato político que fundamente nuestra vida en común.
En clave de derechos humanos, la actual constitución tiene serias carencias y debilidades, indicó la organización: no reconoce explícitamente los derechos económicos, sociales y culturales y no asegura su debida protección judicial. No incorpora el reconocimiento a los pueblos indígenas y a la naturaleza intercultural del Estado. No recoge una regulación adecuada del derecho de manifestación que asegure su efectivo ejercicio.
Un proceso constituyente debe asegurar: confianza ciudadana, instancias efectivas de participación, involucramiento de grupos vulnerados o históricamente marginados, carácter paritario entre hombres y mujeres, representación territorial y transparencia y acceso a la información, sostiene el instituto.
Institucionalidad democrática y derechos humanos
Se reconoció el avance del proyecto de ley que crea una subsecretaría de DDHH, pero se expresó preocupación porque el proyecto de ley que reemplaza la actual ley antiterrorista armonice con los estándares de derechos humanos y del debido proceso.
En el mismo sentido, se planteó la necesidad de avanzar en la reforma a la justicia militar de manera de cumplir con las obligaciones internacionales en esta materia restringiendo su competencia a los delitos estrictamente militares.
Catástrofes naturales, emergencias y derechos humanos
A partir de la revisión de lo ocurrido en abril con el terremoto en el norte y el incendio en los cerros de Valparaíso, se constató en primer lugar que la desigualdad social del país se manifiesta también en los niveles de afectación de los más pobres y discapacitados y que la institucionalidad del país sobre este recurrente asunto no tiene los grados de preparación y solvencia necesarios.
Acceso a la justicia
El INDH reiteró su preocupación por el uso abusivo de la prisión preventiva y la existencia de causales para aplicarla que están en tensión con los estándares internacionales de los derechos humanos. Se trata de situaciones que se extienden exageradamente y se cumplen en paupérrimas condiciones.
Trabajo no remunerado en el ámbito doméstico
El informe abordó los efectos del trabajo doméstico no remunerado sobre los derechos humanos de las mujeres, dando cuenta que la creciente integración de éstas al mercado de trabajo no ha reducido las labores domésticas y de cuidado de los familiares en el hogar.
Destacan como grupos más vulnerados las mujeres más pobres y las que cuidan a personas dependientes, las madres jóvenes y adolescentes que no logran un trabajo remunerado ni estudiar por la misma razón y las adultas mayores que no logran acumular fondos previsionales.
Derechos económicos, sociales y culturales
El INDH considera necesaria una reforma del sistema educacional que aborde, desde una perspectiva de derechos humanos problemas tales como: el fortalecimiento de la educación pública y de la carrera docente, la eliminación de los mecanismos de discriminación, el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización del Estado.
También establece que el financiamiento compartido o copago, por el modo en que opera, vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación y también cuestiona los procesos de selección pues generan barreras que dependen de factores sociales, económicos y culturales.
Derecho a la salud y la maternidad
El INDH afirma que el derecho a la salud de las mujeres en el ámbito sexual y reproductivo es vulnerado cuando se niega información y los medios para el ejercicio seguro de la sexualidad, para el ejercicio de la maternidad sin discriminación y cuando hay malos tratos, abusos o desinformación por quienes están obligados a atender a mujeres en procesos de gestación.
En cuanto al embarazo adolescente, la incidencia de la desigualdad económica hace que este se presente con más frecuencia en las comunas de menores ingresos, esboza el escrito. Además, el aborto inducido en condiciones clandestinas e inseguras sigue siendo un problema para la integridad y salud de las mujeres que recurren a este medio como último recurso ante un embarazo no deseado.
Derechos de los pueblos indígenas: territorios y consulta previa
Se reiteró en el informe la necesidad de abordar las respuestas para un conflicto que recrudece.
El Estado ha planteado soluciones insatisfactorias no sólo para los pueblos indígenas sino respecto de empresarios, agricultores y otros actores. Este año se hace hincapié en la obligación del Estado de garantizar el acceso y propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras y territorios y sobre los recursos naturales que hay en ellos.
Las instituciones y normas vigentes en la materia han mostrado señales de agotamiento e ineficacia.
En cuanto a la consulta previa, el INDH considera que los dos instrumentos normativos de los que se ha dotado, el DS 40 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y DS 66 sobre Procedimiento de consulta Indígena deben ser revisados con la participación y consulta de los pueblos indígenas.
Derecho a un medio ambiente libre de contaminación
Se revisaron los estándares internacionales en la materia, así como las normas nacionales aplicables, y se realizaron diagnósticos sobre dos “zonas de sacrificio”: Quinteros y el Valle del Huasco, las que, no obstante sus respectivas declaraciones como zona saturada y latente respectivamente, han seguido siendo objeto de la instalación de actividades contaminantes con severa afectación de los derechos de quienes allí habitan.
Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los DDHH (1973-1990)
Dos aspectos ha enfatizado el Informe del INDH en esta materia. Por una parte, la necesidad de ampliar el acceso a la información y registros disponibles que dan cuenta de las violaciones sistemáticas a los DDHH y, por otro, la necesidad de actualizar y uniformar las normas y políticas de archivo sobre estos antecedentes históricos.
Relacionado con este período, el INDH, al referirse a la tramitación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, hizo énfasis en la necesidad de que allí se constituya una instancia permanente de calificación sobre víctimas que les permita a éstos acceder a los beneficios que el Estado ha dispuesto en su apoyo.
