Las diputadas de Renovación Nacional, Paulina Núñez y Marcela Sabat, presentaron una indicación al proyecto de reforma al sistema binominal, que busca que en el marco de los incentivos para la participación femenina en política, se reciban alrededor de 7 millones de pesos, destinados a la capacitación y participación social y política de la mujer.

Para Núñez, “con esta iniciativa legal se busca reconocer el esfuerzo de muchas mujeres que con sacrificio postulan a un cargo político, porque sabemos que muchas candidatas hoy demandan capacitación y formación en diversos temas, que en la práctica permiten que efectivamente cumplan un buen rol al sector al cual representan”.

Además, añadió que “debe existir una visión más ciudadana respecto a los recursos entregados por el Estado a las mujeres en política, porque no comparto que estos dineros vayan en directo beneficio del bolsillo de las candidatas electas, sino que estos recursos sean destinados a la capacitación y fortalecimiento de las mujeres en política”.

De la misma forma, Sabat dijo “que todos los incentivos que vayan a favor de las mujeres candidatas que salgan electas es positivo, pero creemos también que esta ayuda debe ser focalizada en la capacitación de las mujeres”.

Agregó que “hoy las mujeres no llegan a los altos mandos y se quedan lamentablemente en los mandos medios, porque no tienen acceso a la capacitación”.

La diputada aseveró que “creemos que es importante que si se van a destinar recursos, deben ir directo a los partidos políticos al que pertenece la candidata electa, y de esa manera se incentive la permanente capacitación de mujeres en política, y también la mejor preparación de esa candidata en el cargo que le corresponderá ejercer”.

La indicación establece que los partidos políticos deberán implementar programas, seminarios, o cualquier otra actividad de capacitación destinada a fomentar la participación social y política de la mujer, dentro del plazo de tres años, contado desde la proclamación de los candidatos.

Por lo anterior será el Servicio Electoral quien controle y fiscalice su cumplimiento, de manera que en caso que éstos no se cumplan, deberá remitir las observaciones, y los antecedentes, al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de obtener la restitución de los recursos no utilizados.