Hace unos días, el gobierno ingresó con urgencia simple el proyecto de Ley Corta de ISAPRES, normativa que busca determinar la forma y plazos en que las prestadoras de salud deben devolver 1.1 billones de pesos, a más de 725 mil afiliados. Esto después que, a fines del año pasado, el máximo tribunal judicial del país, la Corte Suprema, indicará que las entidades privadas prestadoras de salud debían dejar de usar la tabla de factores que estaban utilizando, para dar paso a la establecida por la Superintendencia de Salud (SIS) en 2020.
De acuerdo al fallo, el tribunal dictaminó que la diferencia en precios debería ser devuelta a los cotizantes y la SIS la estimó en alrededor de 1 billón de pesos. Todo esto significó una alerta para el sistema privado de salud, pero sobre todo para cientos de miles de afiliados que, ante las declaraciones que insinuaban una debacle del sistema, se cambiaron masivamente al seguro público de FONASA y para otros cientos de miles que siguen en el sistema privado esperando esta compensación.
También significó la intervención del gobierno, el que presentó este proyecto de marco regulatorio para poder dar cumplimiento a lo mandatado por la Corte Suprema e incluso ha incorporado nuevas aristas como el proyecto votado esta semana por la Constitución de Comisión del Senado.
Podríamos estar en una discusión eterna sobre las bases del sistema, si el fallo judicial es idóneo, si es que la propuesta presentada por el gobierno será la más adecuada como marco que permita una correcta retribución a los afiliados, si la votada en la Comisión de Constitución del Senado va en la línea correcta o incluso sobre si esta crisis significaría un colapso del sistema; pero los puntos son claros: hay una orden del máximo tribunal del país que las Isapres deben respetar, el gobierno debe velar por la estabilidad del sistema sanitario y social, los parlamentarios tendrán que revisar y votar propuestas para llegar a la mejor forma de resolución y la SIS tendrá que dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema en base a lo que determine la Ley.
Pero quiero invitarlos a pensar más allá, a entender la importancia de dar seguridad a las personas en su derecho al acceso a salud, bajo un sistema que las ampare, las apoye y les entregue los cuidados necesarios. Y para que eso pase ahora y pueda sostenerse en el futuro, habrá que trabajar colaborativamente entre las esferas pública y privada, labor en el que la Industria Aseguradora también debe tomar acciones necesarias, buscando nuevos espacios de acción y generando productos a los que pueda acceder una mayor parte de la población.
Es el momento para vislumbrar nuevos acuerdos y avanzar en prestaciones que generen una mejor cobertura de salud, ya sea a través de un sistema integrado, universal o complementario, que sea sostenible también para el Estado y los privados que aporten a esta tarea. Las crisis pueden entenderse como oportunidades, pero para eso, todos los actores involucrados deben dar certezas que apunten al camino correcto, la protección de las personas.
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