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Hace unos días entregamos en Ñuñoa los últimos computadores de “Yo elijo mi PC” a 946 estudiantes. El programa funcionó durante 17 años, pero el proyecto de Presupuesto 2027 lo deja sin recursos. Consultado por la decisión, el ministro de Hacienda admitió no recordar este programa en particular, aunque aseguró que “de seguro tenía hallazgos”. A un niño de séptimo básico no se le saca el computador de la mochila por un “de seguro”.
Más allá de este caso, el episodio revela un problema que debiéramos discutir con mayor profundidad: cómo decide el Estado qué programas mantener, cuáles corregir y cuáles terminar.
Ese es el error de fondo. En Chile no sobra el gasto social, falta. Recortarlo no es ahorrar, es traspasarle el costo a las familias que menos tienen. El proyecto de Presupuesto 2027 reduce casi 3% real a Junaeb, que alimenta y apoya a los escolares más vulnerables, sin tocar la estructura de 25 ministerios. Se ajusta donde el Estado llega a las personas y se protege donde solo administra. Si el Estado debe hacer un esfuerzo de austeridad, parece razonable preguntarse primero dónde está la burocracia que puede reducirse y dónde están los programas que efectivamente cambian la vida de las personas.
Los alcaldes vemos sus efectos antes que nadie, porque llegan primero a nuestra puerta. Ahí también se acumulan obras municipales que podrían dar trabajo hoy y siguen atrapadas en trámites, justo cuando el desempleo llega a 9,6%. A eso se suman una reforma de seguridad detenida y colegios que pasan a los SLEP por calendario y no por resultados.
Por eso no basta con protestar. También sería insuficiente limitarse a decir que el Gobierno lo está haciendo mal. Desde los municipios tenemos la obligación de plantear alternativas. Proponemos siete cambios con una lógica común: cuidar lo que funciona, corregir lo que falla y dar a los municipios voz y voto en las decisiones.
1. Estado de excepción por barrio, con el Congreso y los alcaldes adentro
Las familias de un barrio tomado por una banda no pueden esperar meses a que se destrabe una reforma. El Gobierno pide hasta 240 días de excepción sin pasar por el Congreso, y por eso no junta los 29 votos que necesita.
La salida es de sentido común: intervenir solo la zona afectada, por 15 días renovables por otros 15, y que cada nueva prórroga la aprueben los parlamentarios. Rapidez para actuar y límites para no abusar.
Hace años que desde Pedro Aguirre Cerda, Macul y otras comunas se pide una herramienta así, y en 2023 la respuesta de La Moneda fue un no. En Ñuñoa sentimos esa misma urgencia tras la balacera que hirió a carabineros.
En todos los casos, los alcaldes nos enfrentamos a la burocracia sin ser escuchados. Debe existir un canal formal para solicitar esta medida, con una respuesta obligatoria del Ejecutivo en 48 horas. La última palabra debe seguir siendo del Presidente, pero quien conoce el territorio tiene que estar en la mesa.
2. Seguridad municipal sin pudor
El Gobierno hizo de la delincuencia su bandera y le destina $7 billones, pero la Ley de Seguridad Municipal, promulgada en febrero, sigue a medio camino. Las armas inmovilizantes esperan un reglamento del Ministerio de Seguridad, y cada inspector cuenta dentro del tope de 42% de gasto en personal, así que sumar patrullaje obliga a recortar en otra área.
El proyecto en trámite apenas permite superarlo en 5%. Hay que sacar ese gasto del límite, con rendición pública, y dictar el reglamento antes de fin de año. La ley existe, falta voluntad política.
Y si los municipios vamos a asumir mayores responsabilidades en seguridad, también debemos aceptar mayores estándares de control. Test de drogas por muestra de pelo cada seis meses para alcaldes y concejales, con resultado público, más exigente que lo que hoy se discute.
3. SLEP: el que rinde se queda
La ley de Nueva Educación Pública dispone que todos los colegios municipales pasen a los SLEP, funcionen bien o mal. El proyecto que hoy discute el Senado mueve ese calendario hasta 2040. Es un respiro, pero no resuelve el problema de fondo, que es imponer un solo modelo para todo Chile.
Ni el propio Ministerio de Educación puede mostrar evidencia de que cambiar de sostenedor mejore los aprendizajes.
La alternativa es un sistema flexible. La comuna cuyos colegios rindan por sobre el SLEP que le corresponde, medido por la Agencia de Calidad, mantiene su administración mientras siga cumpliendo y con el respaldo de su comunidad educativa. La que no, se traspasa.
El principio debiera ser sencillo: no cambiar aquello que funciona solo porque una ley fijó un calendario. En educación, el resultado de los alumnos debería pesar más que el domicilio institucional de quien administra el colegio.
4. Golpe al narco en su territorio
Los vecinos saben qué casa abandonada es bodega o punto de venta. El municipio también, pero no puede actuar.
Lo que corresponde es dar a los municipios una potestad de ingreso, con autorización judicial en 48 horas y en coordinación con las policías, y una expropiación exprés para propiedades tomadas por el narco, con garantías para los propietarios. Que esas casas vuelvan al barrio como sedes vecinales, cuarteles o viviendas.
La recuperación de un barrio no puede depender únicamente de que el Estado llegue después de que el delito ya se instaló.
5. Empleo: obras ahora
Las obras de barrio son la forma más rápida de contratar a vecinos de la misma comuna. Hoy, un proyecto municipal ya diseñado y licitado puede quedar meses esperando un visto bueno de Serviu posterior a la licitación. Ese trámite sobra cuando el proyecto ya cumplió las exigencias técnicas.
El Fisco puede, además, financiar planes de empleo local ejecutados por los municipios y abrir créditos con garantía Fogape a una tasa máxima de UF + 3% para las pymes que inviertan o contraten. En 2020, desde BancoEstado, vi cómo una garantía así mantuvo en pie a miles de pequeñas empresas.
Cuando una obra está lista para ejecutarse, el Estado no debería transformarse en el principal obstáculo para que empiece. La urgencia económica también se combate destrabando inversión y empleo en los barrios.
6. Que nadie pierda su casa por quedar sin trabajo
Este año el Congreso aprobó que los mayores de 65 no paguen contribuciones por su primera vivienda, porque nadie debería quedarse sin su hogar por un impuesto. La misma lógica debe valer para quien pierde el trabajo.
Una familia de clase media que se queda sin ingresos puede pasar en pocos meses de la estabilidad a la angustia, y las contribuciones siguen llegando. Lo justo es suspenderlas en la vivienda principal mientras se cobre el seguro de cesantía, con el mismo mecanismo de compensación municipal que ya existe.
Una ayuda acotada para que el desempleo no termine costando también la casa.
7. Que el ajuste empiece por arriba
El país necesita más inversión social, no menos. Si el Gobierno quiere hacer más con menos, que dé el ejemplo y recorte burocracia y operadores políticos, no la ayuda a quienes más la necesitan.
Chile es el tercer país de Sudamérica con más ministerios, y hoy ya hay tres biministros en funciones, prueba de que se puede gobernar con una estructura más liviana. Es hora de pasar de 25 a 16 ministerios. Las seremis deben concentrarse en los sectores que de verdad ejecutan, y los programas que la Dipres evalúa mal dos años seguidos tienen que cerrarse.
Cada peso liberado, a salud, educación y empleo.
No pretendo que estas siete propuestas sean la última palabra. Una buena política pública debe poder discutirse, corregirse y mejorarse. Pero esa discusión necesita incorporar a quienes están todos los días frente a sus consecuencias.
Los alcaldes no somos espectadores de las decisiones del Estado. Somos quienes recibimos al vecino cuando no consigue una hora médica, cuando teme que sus hijos vuelvan solos del colegio, cuando una obra no parte o cuando pierde el empleo. Por eso creemos que los gobiernos locales deben dejar de ser considerados solo ejecutores y pasar a ser parte de las decisiones.
Más participación municipal no es un obstáculo. Es mejor información para decidir.
Chile necesita menos trincheras y más soluciones. Criticar lo que está mal es necesario, pero gobernar significa hacerse cargo de proponer cómo hacerlo mejor. Quedarse en la protesta también es una forma de no hacer la pega.
