La autonomía energética no es una aspiración retórica, es una necesidad estratégica.
Chile enfrenta una realidad estructural como es su dependencia de los combustibles fósiles. Esta condición no desaparecerá, lo que exige una respuesta estratégica por parte del Estado. La reciente alza en los precios de los combustibles vuelve a recordarnos esa vulnerabilidad, golpeando con fuerza a los hogares y tensionando los costos de las empresas.
Frente a este escenario, el país parece oscilar entre la resignación y la reacción coyuntural. Sin embargo, la disyuntiva es más profunda, seguimos lamentándonos o comenzamos a actuar con visión de largo plazo.
Actuar implica reconocer, primero, que Chile no es un país sin alternativas. Por el contrario, posee una de las matrices de potencial energético renovable más relevantes del mundo.
La radiación solar del norte, el viento y la capacidad hídrica disponible configuran una base objetiva para una transición energética robusta. No obstante, el problema no radica en la generación, sino en la capacidad de transformar esa abundancia en energía disponible, confiable y competitiva para los centros de consumo.
En este punto, el país ha avanzado, pero aún enfrenta dos brechas críticas. La primera es el almacenamiento. La energía renovable, por definición, es intermitente, se produce cuando hay sol o viento, no necesariamente cuando se necesita. Sin sistemas de almacenamiento eficientes, esa energía pierde valor estratégico.
La segunda es la transmisión, ya que, sin redes modernas y suficientemente extensas, la energía no llega a las zonas de consumo. Ambos desafíos han sido abordados por distintos gobiernos, pero su resolución definitiva requiere continuidad, inversión sostenida y coordinación institucional.
El segundo eje de acción está en los combustibles. Aquí también Chile posee una oportunidad significativa que no siempre ha sido dimensionada en su real magnitud.
La producción de combustibles sintéticos, en particular el hidrógeno verde, abre una alternativa concreta para avanzar hacia mayor autonomía energética. A diferencia de la electrificación total del parque vehicular, que implica costos, infraestructura y tiempos complejos, los combustibles sintéticos permiten una transición más gradual, utilizando tecnologías existentes y aprovechando las ventajas comparativas del país.
Hoy existen proyectos en distintas etapas de desarrollo que apuntan en esa dirección. Sin embargo, su consolidación requiere escala, certeza regulatoria y una estrategia país que permita superar la fragmentación actual. No se trata solo de innovación tecnológica, sino de una decisión política que articule inversión, regulación y desarrollo industrial.
Ambas líneas de acción, energías renovables con almacenamiento y transmisión, sumado al desarrollo de combustibles sintéticos, no son excluyentes, sino complementarias. Juntas configuran una oportunidad estratégica para Chile en el contexto de la transición energética global. Pero aprovecharlas exige algo que históricamente ha sido esquivo en las últimas décadas, como es una mirada de Estado que trascienda los ciclos electorales y las disputas contingentes.
El mundo seguirá siendo incierto. Los precios de la energía continuarán sujetos a variables geopolíticas sobre las cuales Chile no tiene control. Precisamente por eso, la única respuesta razonable es fortalecer aquello que sí depende de nosotros. La autonomía energética no es una aspiración retórica, es una necesidad estratégica.
Dejar de lamentarse no implica desconocer las dificultades. Implica asumir que el país cuenta con las capacidades para enfrentarlas. La pregunta, entonces, no es si Chile puede avanzar en esta dirección. La verdadera pregunta es si tendrán los líderes políticos la voluntad para hacerlo.
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