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Quiroz ha sido honesto en algo: su plan tiene costos. Lo que no ha dicho con la misma claridad es quién los paga.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha decidido decir la verdad. Y en eso hay que reconocerle algo: no intenta ser popular ni suavizar su programa. Lo dijo sin rodeos ante empresarios: sus medidas serán “costosas” y requerirán “fortaleza emocional”, aunque impliquen “caer mal”.
La franqueza es inusual. Pero no basta.
Porque lo que Quiroz transparenta no es solo un diagnóstico sesgado de la economía, sino una decisión política: rebajar impuestos a las más grandes empresas —incluida la eliminación del impuesto a las ganancias de capital—, modificar la base tributaria y reintegrar el sistema, por un lado, y compensar esa reducción de los ingresos tributarios con ajuste fiscal, recortes y traslado de riesgos hacia las familias.
No es una interpretación. Es lo que ha planteado.
El ministro insiste en que el crecimiento compensará la menor recaudación. Pero esa tesis contradice la evidencia, la literatura y lo que han sostenido expertos de su propio sector. El exministro de Hacienda, Ignacio Briones y el economista Claudio Agostini, que integraron la “Comisión Marfán”, fueron claros: no es opinión, es evidencia empírica. Incluso, Agostini calificó la idea como “terraplanismo económico”.
Por cada punto que se reduce el impuesto corporativo, los ingresos fiscales caen a lo menos en torno a 0,15% del PIB. Y si a eso le suma la reintegración tributaria, la caída es mucho mayor. Lamentablemente no hay magia. Habrá menos ingresos.
Quiroz insiste en que el crecimiento económico será el motor que permitirá compensar esa pérdida. Sin embargo, esa afirmación no es un hecho demostrado, sino una hipótesis debatida y mayoritariamente descartada no sólo en Chile, también en el mundo.
El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, ha advertido que las reducciones de impuestos a los sectores de mayores ingresos no necesariamente se traducen en mayor inversión productiva ni en crecimiento sostenido. En la misma línea, Paul Krugman ha señalado que este tipo de políticas tienden a aumentar la desigualdad sin garantizar mejoras estructurales en la economía.
En otras palabras, los beneficios del plan son inciertos y de largo plazo, mientras que sus costos son inmediatos y concretos.
Y cuando eso se combina con recorte de gasto, la consecuencia es evidente: alguien paga la diferencia.
El propio Quiroz lo sugiere al cuestionar el gasto en estabilización de combustibles, señalando que esos recursos podrían destinarse a salud. Pero lo que no dice es que su decisión implica trasladar el alza de los combustibles directamente al bolsillo de las familias, pudiendo aumentar en $350 el litro de bencina o $400 el de petróleo. Eso no puede ser considerado eficiencia, es simplemente un traspaso de costos.
En educación ocurre lo mismo: restricciones a la gratuidad futura, endurecimiento del CAE. El ajuste no desaparece, se desplaza. Y siempre en la misma dirección.
Más allá de las medidas, el problema es el marco. Quiroz habla de “libertad de permiso”, “retorno” y “dignidad” del empresariado. Como es evidente, no son términos de la economía, es una definición política ideológica sobre el rol del Estado. Y como toda definición ideológica, tiene consecuencias.
A esto se suma un riesgo institucional: bajo la bandera de la desregulación, se proponen mecanismos que presionan a funcionarios públicos, tensionando la autonomía técnica del Estado en favor de decisiones más rápidas, pero no necesariamente mejores.
Quiroz ha sido honesto en algo: su plan tiene costos. Lo que no ha dicho con la misma claridad es quién los paga. Porque detrás del discurso de “responsabilidad fiscal” hay una redistribución silenciosa: alivio tributario arriba, ajuste abajo.
Y esos costos no son abstractos. Los van a terminar pagando las familias chilenas, incluidas muchas que votaron por el propio gobierno confiando en que no habría recortes sociales ni de inversión pública.
Chile necesita crecer. Para lo cual se requiere iniciativa de inversión pública, liderazgo y que los Gobiernos no carguen el peso de sus decisiones sobre la fuerza trabajadora del país.
Porque al final, la pregunta sigue intacta: Si se bajan los impuestos arriba y se recorta abajo, ¿quién paga la diferencia?
