Alerta en instituciones públicas

En los últimos días, hemos sido testigos de hechos que confirman un diagnóstico cada vez más ineludible: el crimen organizado ha dejado de operar desde los márgenes del sistema y ha comenzado a infiltrar nuestras instituciones públicas.

La liberación por error de un imputado de alta peligrosidad vinculado al Tren de Aragua, las irregularidades en la fiscalización de vehículos por parte de Carabineros, la participación de funcionarios de las Fuerzas Armadas en el tráfico de drogas utilizando vehículos institucionales, sumado a la creciente percepción ciudadana —un 91 % según Cadem— de que el crimen ha penetrado organismos como Carabineros, Gendarmería y municipios, no pueden ser considerados hechos aislados. Son síntomas de una enfermedad institucional que amenaza no solo la seguridad pública, sino la legitimidad del propio Estado de derecho.

Alerta en instituciones públicas por crimen organizado

El crimen organizado no solo corrompe funcionarios a distintos niveles; construye redes, utiliza vacíos institucionales, y se infiltra donde los controles son débiles, inexistentes o bien cuando instituciones como las uniformadas solo cuentan con controles internos que reproducen la tendencia a la defensa corporativa. Frente a esto, no basta con fortalecer el castigo penal o militarizar la seguridad. Lo que se requiere con urgencia es una agenda que apunte a la raíz del problema: la debilidad de los mecanismos de control, la opacidad en la gestión pública y la falta de voluntad para reformar estructuras que hoy se prestan para la impunidad.

Uno de los puntos críticos es la justicia militar. Casos recientes muestran cómo delitos graves cometidos por personal en servicio activo —como el narcotráfico o la corrupción— son derivados a la justicia castrense, un sistema que no garantiza independencia, ni el debido proceso, ni la transparencia necesaria.

Esta situación no solo contradice los principios básicos del Estado democrático, sino que ha sido cuestionada por instancias nacionales e internacionales. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Palamara Iribarne y Almonacid Arellano condenaron al Estado de Chile por el uso inadecuado de tribunales militares en causas que involucran violaciones a los derechos humanos, estableciendo estándares que hasta hoy no se cumplen plenamente. Asimismo, la Corte Suprema, haciéndose eco de estos fallos, ha revertido decisiones en estas materias de manera de tramitar este tipo de causas ante la justicia ordinaria.

Más que seguridad: fortalecimiento institucional

Carabineros, por su parte, debe avanzar en una reforma profunda que no se limite a cambios cosméticos ni a nuevas estructuras burocráticas. La creación de un órgano externo, independiente y con facultades efectivas de control y sanción, es indispensable para restaurar la confianza y asegurar que casos de abuso, corrupción o connivencia con el narcotráfico no queden impunes. Lo mismo aplica a Gendarmería, una institución especialmente vulnerable por las condiciones laborales de sus funcionarios y su contacto directo con redes del crimen organizado.

Profesionalizar, fiscalizar y dignificar esa labor debe ser parte de una estrategia de seguridad con enfoque institucional.

No se trata solo de combatir el delito, sino de fortalecer el Estado, como lo han señalado varios expertos y expertas. En efecto, no bastan nuevas cárceles ni más penas. Lo que se necesita es una política pública integral, sostenida en el tiempo, con mirada de Estado, no de coyuntura. De lo contrario, corremos el riesgo de que la ciudadanía termine normalizando la corrupción institucional y debilitando aún más la legitimidad democrática.