El escenario penal para la abogada Paula Oyarzo Valdés y su cónyuge y socio, Sebastián Vergara Véliz, alcanzó su punto máximo esta semana en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. La investigación, conducida por la fiscal Rossana Folli de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, le atribuye a la pareja haber utilizado la estructura de su firma jurídica, Vergara, Oyarzo y Cía. Abogados SpA, para apropiarse de fondos entregados por sus representados y concretar defraudaciones mediante esquemas de inversión no ejecutados.
De acuerdo con la causa a la vista de BioBioChile, el monto total defraudado asciende a 118 millones 280 mil 384 pesos, cifra que engloba los perjuicios sufridos por diez grupos de víctimas.
Entre los hechos imputados figuran la retención de valores destinados al pago de cotizaciones previsionales de una sociedad; el cobro de gastos por juicios no ingresados a tramitación; la retención de fondos procedentes de remates judiciales y vales vista; así como la captación de dineros bajo la promesa de rentabilidades mediante supuestas inversiones en una fundación y financiamiento político.
Ante estos antecedentes, el Ministerio Público solicitó la imposición de diez años y un día de presidio para Paula Oyarzo Valdés, divididos en dos bloques de condenas de cinco años y un día por delitos reiterados de apropiación indebida y estafa. Por su parte, los querellantes particulares dedujeron demandas civiles por daño emergente y daño moral por una suma superior a los 95 millones de pesos, manteniéndose los acusados con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los afectados.
Comportamiento profesional de Paula Oyarzo en la mira
En paralelo al frente penal, el comportamiento profesional de Oyarzo fue objeto de revisión disciplinaria ante el Colegio de Abogados de Chile.
El 19 de octubre de 2021, el Tribunal de Ética de la institución dictó un veredicto unánime resolviendo su expulsión del gremio, al dar por acreditadas infracciones graves y reincidentes a los deberes de información, lealtad y correcto servicio profesional en diversas causas acumuladas. Dicha sanción fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 29 de julio de 2024. A la fecha, resta la resolución de la Corte Suprema.
Dentro del entramado judicial, las resoluciones gremiales fueron incorporadas a otros litigios en los que la abogada participaba como contraparte.
En la contestación al reclamo disciplinario caratulado como ‘NPR 19/23’ ante el Colegio de Abogados, el abogado Felipe Torres respondió a una denuncia presentada por Oyarzo en su contra, motivada por haber acompañado la sentencia de expulsión ética dentro de un juicio de alimentos tramitado en el 1° Juzgado de Familia de Santiago.
En dicho escrito de descargo, Torres fundamentó que la presentación de la sentencia ética no obedeció a un ánimo de injuriar ni a la intención de generar un descrédito infundado, sino que buscó constatar un hecho objetivo sobre la conducta procesal de la abogada. En esa línea, el profesional expuso que en los diez años que llevaba como colegiado jamás había recibido denuncias, en contraste con los múltiples reclamos acumulados contra Oyarzo. Asimismo, sostuvo que la mención de la expulsión ética y de las investigaciones penales se realizó para informar al tribunal de familia sobre la actuación de la contraparte en la causa, omitiendo la emisión de opiniones personales o expresiones denostativas.
El Colegio de Abogados acogió la postura del jurista y declaró la inadmisibilidad absoluta del reclamo promovido por Oyarzo, ratificando que poner en conocimiento de los tribunales de justicia las sanciones éticas de un litigante representa un ejercicio legítimo del derecho a la información procesal sin constituir falta disciplinaria. Dicha resolución fue posteriormente ratificada por la Vicepresidencia de la entidad gremial.
Abogada Paula Oyarzo rechaza imputaciones
En entrevista con BioBioChile, Paula Oyarzo Valdés rechaza las imputaciones penales y las sanciones gremiales, exponiendo sus argumentos y mencionando que hay presentaciones judiciales en curso.
En el ámbito ético, en conversación con este medio, impugnó la validez del procedimiento al sostener la teoría del “fruto envenenado“, alegando que las investigaciones fueron conducidas por un abogado instructor que posteriormente fue declarado inhabilitado, además de cuestionar la acumulación de denuncias con hasta cinco años de antigüedad.
Del mismo modo, la profesional profundizó sus críticas hacia el funcionamiento de las instituciones. Respecto a la coexistencia de los procesos, Oyarzo afirmó que “la situación del Colegio de Abogados con la situación judicial, y la verdad de las cosas, no tienen ninguna relación“.
Añadió que “yo no soy abogada colegiada para que el Colegio de Abogados me juzgue”. De igual forma, al referirse al contenido de los expedientes y a los cuestionamientos en su contra, enfatizó que “yo no tengo nada que ocultar” y agregó que “yo creo profundamente que las cosas son lo que la evidencia dice“.
En este contexto y frente al proceso disciplinario que inició el Colegio de Abogados y remitido a los tribunales ordinarios, la abogada precisó a BBCL la naturaleza de las acciones que mantiene ante el máximo tribunal del país. Expuso que “lo que yo tengo en la Corte Suprema no es un amparo”, especificando que “es un recurso de casación en contra de una resolución de la Corte de Apelaciones que decidió sin alegatos“.
Crítica al sistema legal y “díscola”
Durante su participación en el podcast “Resucitar”, emitido por la plataforma YouTube el pasado 23 de septiembre, Paula Oyarzo expuso una profunda crítica al funcionamiento del sistema legal chileno, calificándolo categóricamente como corrupto y sosteniendo que se trata de un esquema fallido al mezclar la técnica jurídica con factores subjetivos como el amiguismo, el clasismo y el cabildeo.
Durante el programa, la profesional afirmó que la sociedad y la administración de justicia en Chile se mueven bajo sesgos y prejuicios culturales preconcebidos respecto de empleadores, trabajadores, hombres y mujeres, asegurando que estos estereotipos terminan distorsionando la objetividad que debiese primar en los tribunales.
Asimismo, durante el transcurso del posdcast, la abogada cuestionó con severidad la labor de los juzgados de familia y el desempeño de los magistrados, denunciando una alta saturación del sistema, falta de rigor técnico y la práctica de firmar resoluciones sin un examen exhaustivo del fondo de los antecedentes. En ese contexto, Oyarzo se definió a sí misma como una abogada “díscola” y “normativista”, argumentando que su estilo de litigación técnico y confrontacional responde a la exigencia del cumplimiento estricto de las normas legales, lo cual, según sus palabras, le ha generado odiosidades y resistencias tanto en el ámbito judicial como en el gremial.
En el mismo espacio de difusión, la profesional arremetió contra la gestión directiva del Colegio de Abogados de Chile, comparando a la institución con un “club de campo” que actúa impulsado por la presión mediática y el sentir popular en lugar de ejercer un control ético riguroso y uniforme. Del mismo modo, la abogada sostuvo que en el ámbito del derecho de familia existe una “industria del dolor” que lucra con el conflicto y los niños, reafirmando que mantendrá su defensa procesal y sus cuestionamientos institucionales en las instancias legales correspondientes.
Así las cosas, esta trama judicial y gremial sigue sumando capítulos. Mientras, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago desarrolla el caso que determinará el desenlace penal de la abogada Paula Oyarzo Valdés.
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