Golpe a la PDI: Corte declara ilegal allanamiento e incautaciones en municipio de Llay Llay

La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró ilegal la autorización judicial del allanamiento efectuado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Municipalidad de Llay Llay, el pasado 11 de septiembre. Aquello, conllevó a la incautación de un computador laboral y un teléfono personal del municipio, lo que ahora debe quedar sin efecto.

El tribunal falló a favor de la Directora Jurídica de la sede comunal, Camila Órdenes, tras acoger un Recurso de Amparo en su defensa. Asimismo, se determinó que la medida se dispuso de manera infundada y que existe ausencia de antecedentes que vincularan a esta personas con los delitos que se investigan.

El alcalde de Llay Llay, Edgardo González, manifestó su descontento con el actuar policial, argumentando que es de extrema gravedad que funcionarios de la PDI hayan atentado contra el estado de Derecho, vulnerando las garantías constitucionales de los trabajadores municipales.

“Es gravísimo que en el ejercicio de la función pública funcionarios de la Bridec (Brigada de Delitos Económicos) de Los Andes hayan vulnerado garantías constitucionales de trabajadores municipales sin fundamento, excediendo sus atribuciones”, aseveró.

Por ello, asintió: “Esperamos sin duda una respuesta institucional de parte de la Policía de Investigaciones, porque esto atenta contra los principios básicos de un Estado de derecho”.

De acuerdo con lo señalado por el municipio tras el fallo del tribunal de alzada, los hechos ocurrieron cuando más de una decena de funcionarios de la PDI llegaron al municipio solicitando la entrega voluntaria de equipos computacionales y telefónicos sin contar con una orden judicial fundada. Se trata de algo inusual en este tipo de procedimientos.

Por ello el administrador municipal, quien también es abogado, solicitó dicho documento, siendo retenido por al menos 4 horas sin tener derecho a comunicarse mientras se gestionaba una orden verbal del Juzgado de Garantía de San Felipe.

Pese al fallo de la Corte, algunos indican que esto no cambiaría en nada el escenario legal que enfrentan funcionarios del municipio.

El abogado querellante, Raimundo Palamara, precisó que el recurso fue presentado por otras personas que no corresponden a los querellados, y no descartó ampliar la querella contra individuos asociados a los imputados.

Mientras el panorama legal se mantiene sin modificaciones, en el municipio esperan que se apliquen los sumarios correspondientes respecto al actuar del personal policial que catalogaron de máxima gravedad.