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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La familia de Rafael Pichún, condenado por atentado incendiario en Quilleco, recurrirá a la CIDH para denunciar vulneración de derechos y buscar su libertad. Rafael, de la comunidad Temulemu y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, cumple condena en Angol. Se alega discriminación y pruebas insuficientes, como una conversación de WhatsApp.

La familia de Rafael Pichún, condenado por un atentado incendiario, recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar vulneración de sus derechos y obtener su libertad.

Rafael, integrante de la comunidad Temulemu y quien actuó como vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, se encuentra recluido cumpliendo condena en la cárcel de Angol.

Cabe recordar que fue sentenciado por el ataque incendiario a un camión forestal en Quilleco, región del Bío Bío.

Su hermano, Juan Pichún, indicó que en este caso hubo discriminación y que la Fiscalía lo vinculó al ataque por una conversación de WhatsApp.

“Ya no se vulneran los derechos mapuche, sino hoy día el mismo Estado, a través de los poderes judiciales, a través de los persecutores, son los que están también vulnerando los mismos derechos que los Estados, que los gobiernos han impulsado y han legislado. Se vulneran varios derechos, a la defensa, como por ejemplo los testigos secretos, sin rostro”, afirmó Pichún.

Por su parte, el abogado Javier Pineda recordó que el padre del condenado fue acusado por Ley Antiterrorista y que fue en tribunales internacionales donde se probó su inocencia y el Estado de Chile fue sancionado en el denominado caso Loncos.

En el caso de Rafael Pichún, su familia y el abogado ingresarán los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Es igualdad ante la ley, que es un principio bien básico, pero, como les decía, la prueba circunstancial mediante la cual los tribunales llegan a la convicción de más allá de toda duda razonable, no permiten, a nuestro criterio, haber llegado a una duda. Es decir, como decía Lonco, cómo va a ser que una conversación de WhatsApp respecto a la existencia de un predio forestal va a ser suficiente para atribuirle la responsabilidad de autor intelectual de una acción de sabotaje cometida en un territorio particular, que es el caso Quilleco”, sostuvo Pineda.

El caso en una primera etapa de tramitación para su admisibilidad puede prolongarse por más de un año, mientras que si se acoge después, es resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.