La Corte de Apelaciones acogió en noviembre el recurso de protección presentado por el Capitán de Bomberos, quien alegó que no fue correctamente citado por la institución en el sumario. Desde la entidad indican que cumplieron con lo solicitado, por lo que pronto podría entregar su versión.

Hace cinco meses un joven de 21 años denunció abusos y tratos humillantes en un “bautizo” de Bomberos en La Serena, región de Coquimbo, por parte de un grupo de voluntarios.

Según antecedentes del caso, la víctima, junto a otro joven de similar edad, fueron desnudados; tocados; amenazados y rasurados contra su voluntad en dependencias de la Segunda Compañía. Los hechos habrían tenido la venia del entonces capitán Marcelo Miranda, quien si bien no se encontraba en la unidad, se mantenía conectado por teléfono celular.

La Fiscalía investiga el hecho, no sin contratiempos. El pasado mes de noviembre, la Corte de Apelaciones de La Serena resolvió un recurso de protección interpuesto por Miranda, a quien expulsaron de la institución junto al resto de los involucrados en el supuesto rito de iniciación.

El motivo se debió a que la sanción se tomó sin considerar su declaración, porque existió un problema en la notificación, en la que Bomberos no habría perseverado antes del cierre de la investigación, contraviniendo los reglamentos.

El tribunal de alzada acogió en parte este recurso, retrotrayendo la expulsión, quedando Miranda a espera de ser citado y declarar, con la investigación reabierta.

Desde Bomberos indicaron que la notificación ya se cursó, tanto a su domicilio como a su lugar de trabajo, con una carta al alcalde Roberto Jacob, producto de que el voluntario además es funcionario municipal, a cargo del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres.

Abogado de Bomberos afirma que Capitán a cargo autorizó las acciones

El bombero y abogado Mauricio Mc-Lean, quien representó a la institución en los alegatos en la Corte, conversó con El Día en el contexto de la investigación interna, indicando que se trata de “un hecho lamentable lo que sucedió en las instalaciones de la Segunda Compañía”.

“Se procedieron a hacer las investigaciones internas, resultando responsable la totalidad de los oficiales como autores materiales inmediatos; y el capitán, Marcelo Miranda, quien es funcionario activo de la Ilustre Municipalidad de La Serena, según el relato de las víctimas, fue contactado vía celular. Él autorizó, conoció y dialogó con los jóvenes cuando estos estaban amarrados, sin posibilidad de defenderse y semidesnudos, desde la cintura hasta la rodilla”, afirmó.

Con base en “un cúmulo de antecedentes obtenidos” -agregó Mc-Lean- “se logró la expulsión del señor Miranda, quien presentó un recurso de protección por la supuesta mala notificación”.

Según el abogado, la contraparte “no alegaba el fondo”, sino un procedimiento que fue subsanado, “dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte. Se procedió a la citación. Han declarado oficiales generales, testigos de los hechos y estamos a la espera de su comparecencia”.

“Compromete la imagen de la institución”

Pese a que se trata de un recurso por el proceder de la notificación, Mauricio Mc-Lean indicó que “su intención clara es volver a Bomberos”, lo que para la institución resulta “preocupante”, advirtió.

Deja comprometida la imagen de la institución frente a la ciudadanía y un mal mensaje para las nuevas generaciones. En ese sentido, el criterio del Cuerpo de Bomberos, frente a cualquier acto de esa índole, la expulsión es lo que corresponde a la gravedad del hecho”, manifestó.

“Bomberos no está dispuesto a amparar ni proteger este tipo de conductas, vengan de donde vengan. Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía a que coopere con nosotros, que en cualquier hecho que se suscite, denuncie. Estamos abiertos de manera llana a investigar y, cuando existan responsabilidades, hacer las acciones correspondientes”, cerró el jurista.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)