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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad que Ángela Vivanco seguirá con arresto domiciliario nocturno y rechazó la petición de la Fiscalía para restablecer el total. En paralelo, el Séptimo Juzgado de Garantía separó la arista Fundamenta, donde se investigan presuntos delitos de soborno, cohecho, prevaricación y lavado de activos. La causa busca aclarar el origen de $13 millones recibidos por Gonzalo Migueles y eventuales pagos para acelerar un fallo que permitió destrabar un proyecto inmobiliario en Ñuñoa.

Pese a la ofensiva de la Fiscalía para endurecer sus medidas cautelares, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, continuará con arresto domiciliario nocturno.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad lo resuelto por el Séptimo Juzgado de Garantía, descartando la solicitud del Ministerio Público para que la exmagistrada volviera al arresto domiciliario total, medida que cumplía desde junio.

La defensora penal pública de Vivanco, Patricia Alvarado, mencionó el tiempo transcurrido, el cumplimiento de las resoluciones judiciales, su estado de salud y su rol como cuidadora de su madre.

Una decisión que, sin embargo, no fue compartida por los querellantes. El abogado de la Organización de Trabajadores Judiciales, Carlos Quezada, sostuvo que la rebaja de cautelares no modifica la gravedad de los hechos investigados y cuestionó que el tribunal mantuviera el arresto nocturno.

En paralelo, el Séptimo Juzgado de Garantía oficializó la separación de la arista Fundamenta, que continuará en una causa independiente, por soborno, cohecho agravado, prevaricación judicial y lavado de activos, en hechos que habrían ocurrido entre octubre de 2022 y mayo de 2023.

En esta investigación figuran como imputados Vivanco y otros seis querellados.

En esta causa, la Fundación Defendamos la Ciudad pide apuntar a ejecutivos de Fundamenta y Plaza Egaña SpA para aclarar quién financió los 13 millones de pesos recibidos por Gonzalo Migueles y si hubo pagos para acelerar el fallo de la Suprema, según explicó su abogado, Gabriel Muñoz.

La resolución de la Corte Suprema cuestionada por los querellantes permitió destrabar en 2023 el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, en Ñuñoa, una iniciativa inmobiliaria avaluada en cerca de 300 millones de dólares.