Luego de tres semanas esperando conocer la fórmula del Ejecutivo, la Comisión Mixta para la Ley de Incendios resolvió sus puntos de interés y procedió a evacuar el informe que deberá ser votado, primero, por la Cámara de Diputados y, posteriormente, por el Senado.
Uno de los puntos de discordancia correspondía al procedimiento simplificado para delimitar las zonas de interfaz urbano-rural en los planes reguladores comunales, el cual fue aprobado por unanimidad luego de recibir el apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El otro correspondía a la obligación del Estado de indemnizar a los propietarios de los terrenos emplazados dentro de dicha zona de interfaz, donde será mandatorio la realización de cortafuegos. Sin embargo, dicho inciso fue rechazado y suprimido por 5 votos a favor y 3 en contra.
Eso sí, el Gobierno se abrió a trabajar en abrir un fondo del cual pueda surgir una compensación por dichos terrenos. Esto fue valorado por la presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Alejandra Sepúlveda.
“El ministro lo que planteó es la posibilidad de la creación de un fondo de apoyo para precisamente ese sector interfaz urbano-rural y nosotros esperamos que eso ocurra o en un veto o la posibilidad de que exista otra alternativa legislativa”, dijo.
En tanto, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, destacó que se haya suprimido la indemnización, pero lamentó que el trámite de este proyecto haya sido tan dilatado, al punto de ya llevar más de tres años en el Congreso Nacional.
“Hoy no podemos estar haciendo del cortafuego un negocio y eso es lo que justamente pudimos aprobar. Así que satisfecho con este trabajo. Lamentablemente, se ha demorado más de tres años en salir una ley que debió ser de tramitación urgente inmediata”, señaló.
Las indicaciones ingresadas por el Gobierno
En tanto, el Gobierno presentó una batería de indicaciones al proyecto que fueron declaradas inadmisibles por la secretaría de la técnica, puesto que no corresponden a la controversia que se le encomendó a la instancia, ni tampoco contaban con la unanimidad para modificar otros artículos del texto.
En primer lugar, buscaba crear un registro de zonas de interfaz urbano-rural, a modo también de poder eximir de la responsabilidad de los trabajos de limpieza y realización de cortafuegos a los propietarios de terrenos que se encuentren tomados de manera ilegal, previa realización de la denuncia correspondiente ante el sistema judicial.
Del mismo modo, planeaban autorizar el uso de fuego para la eliminación de desechos vegetales con fines de realizar cortafuegos, siempre y cuando esto fuera autorizado previamente por la Delegación Presidencial Regional correspondiente, junto al visado técnico de la Corporación Nacional Forestal.
En tercer lugar, el Gobierno buscaba sumar dos títulos a la ley en materia de combate a las emergencias, queriendo establecer un marco normativo común de seguridad para toda aeronave que participe en estas actividades, dictado por la DGAC, para lo que sería necesario nombrar a un coordinador aéreo del incendio para cada emergencia. Del mismo modo, se buscaba normar la cooperación público-privada para el combate.
El Ministerio de Agricultura aún baraja las posibilidades para poder incorporar dichos artículos dentro del texto final de la ley. Al momento, fuentes de Radio Bío Bío confirman que no se descarta el ingresar un veto aditivo, ni tampoco una nueva ley en materia de combate a los incendios forestales, en especial considerando que el proyecto actual versa sobre la prevención.
El informe de la Comisión Mixta debería ser votado por ambas cámaras en la próxima semana legislativa que empieza el 19 de octubre.
Incluso si este trámite es expedito, parlamentarios y asesores advierten la imposibilidad de la entrada en vigencia del texto para la temporada entrante de incendios forestales, debido a que aún falta elaborar los reglamentos correspondientes.
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