El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, salió a aclarar sus declaraciones sobre el estallido social y el crimen organizado transnacional, luego de que una abogada de derechos humanos recurriera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando su imparcialidad en las investigaciones por violencia policial.
Consultado por BioBioChile, el persecutor precisó que nunca buscó atribuir al estallido social la llegada de organizaciones criminales extranjeras a Chile, sino establecer una relación temporal entre ambos fenómenos.
Además, defendió el trabajo de su Fiscalía en las causas por violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019.
Fiscal Héctor Barros aclara dichos sobre vínculo entre estallido y crimen organizado
La controversia comenzó luego de una entrevista en Radio Universo, donde el fiscal Héctor Barros sostuvo que “post estallido aparece la criminalidad transnacional” y planteó que los cuestionamientos a Carabineros durante las manifestaciones habrían generado cierta inhibición entre los funcionarios para ejercer sus atribuciones.
Sus palabras provocaron una respuesta de la abogada Karinna Fernández, quien representó a víctimas de violencia policial y presentó una comunicación ante la CIDH, solicitando explicaciones al Estado chileno y cuestionando la imparcialidad del persecutor.
Ante la polémica, Barros explicó que sus declaraciones se dieron en una conversación más amplia sobre la evolución de la criminalidad y los recientes homicidios de dos carabineros.
“Fui consultado sobre varias materias frente a este fenómeno. Entre ellos se abordó lo referente a los homicidios de dos carabineros registrados en las últimas semanas”, señaló a BioBioChile.
En ese contexto, sostuvo que parte de la discusión apuntaba a las condiciones en que los policías enfrentan actualmente sus procedimientos:
“En ese contexto, se expuso la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en el actuar con que enfrentan los procedimientos policiales a los que acuden, lo que pudo verse afectado, entre otros factores, por los cuestionamientos que Carabineros recibió durante el estallido social”, explicó.
Sin embargo, hizo una distinción respecto de la expansión de las organizaciones criminales extranjeras en el país:
“En lo referente al fortalecimiento del crimen organizado transnacional, en innumerables oportunidades se ha hecho referencia a que su instalación en Chile es posterior al estallido social a nivel cronológico, no a causa del estallido social”, aclaró.
Y añadió: “En ese fenómeno se instaló durante la pandemia principalmente debido a la crisis migratoria y por razones multifactoriales”.
De esta manera, Barros mantuvo su planteamiento sobre los efectos que el cuestionamiento público pudo tener en la actuación policial, pero descartó que estuviera atribuyendo al estallido social el origen del crimen organizado transnacional en Chile.
Barros defiende investigaciones por violaciones a los DD.HH.
El fiscal también abordó los cuestionamientos de Fernández, quien sostiene que sus declaraciones ponen en duda la imparcialidad con que la Fiscalía Metropolitana Sur investigó las denuncias por violencia institucional durante el estallido.
La abogada pidió a la CIDH que solicite antecedentes sobre los resultados de esas investigaciones, incluidas las decisiones de archivo y de no perseverar, además de requerir los fundamentos de las afirmaciones del persecutor.
Frente a ello, Barros defendió el trabajo desarrollado bajo su dirección y recordó que hubo funcionarios policiales condenados.
“En relación a las causas penales generadas en el marco del estallido social, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur encabezó múltiples investigaciones con condenas a funcionarios de Carabineros en el ámbito de violaciones de derechos humanos coordinados con el INDH y los organismos competentes”, afirmó.
“Por lo que desde ese punto de vista hay absoluta claridad a nivel de persecución penal, al igual que respecto a otros ilícitos registrados en esa época”, concluyó.
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