Vincular el estallido social de 2019 con un debilitamiento de la actuación policial y, posteriormente, con la aparición del crimen organizado transnacional en Chile. Esa fue la reflexión del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, que abrió una nueva controversia a pocos días de cumplirse siete años del 18 de octubre.
Sus declaraciones no pasaron inadvertidas.
La abogada de derechos humanos Karinna Fernández, quien ha representado a víctimas de violencia policial durante el estallido, presentó una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando los dichos del persecutor y advirtiendo sobre sus posibles consecuencias para la imparcialidad con que pudieron abordarse esas causas, lo que podría afectar la confianza de las víctimas en el trabajo del Ministerio Público.
Para la abogada, los dichos de Barros evidencian que las víctimas “nunca tuvieron acceso a una persecución imparcial.”
Los dichos de Barros: del estallido al crimen organizado
La controversia comenzó luego de una entrevista donde el fiscal Héctor Barros —quien cumple sus últimos meses en el cargo— abordó el aumento de la criminalidad en Chile y planteó una relación entre la expansión del crimen organizado transnacional y las consecuencias que dejó el estallido social de 2019.
“Hay algo que quedó del estallido social, produjo muchos cambios, post estallido aparece la criminalidad transnacional. En el caso de cada acción que Carabineros tomaba, era vista como una violación a garantías fundamentales. Eso produjo cierta timidez a usar las garantías que tienen”, sostuvo.
En simple, Barros planteó que los cuestionamientos a Carabineros durante las protestas habrían provocado temor entre los funcionarios para ejercer sus atribuciones, generando una suerte de inhibición policial en momentos en que la delincuencia comenzaba a cambiar.
Según explicó, los uniformados sentían que cualquier procedimiento podía terminar siendo cuestionado públicamente, independientemente de cómo actuaran.
“Si hacían algo los iban a juzgar, si no hacían, también los iban a juzgar públicamente. Toda la vista estaba puesta en ese actuar”, aseguró.
De hecho, sostuvo que algunos carabineros preferían evitar procedimientos antes que arriesgarse a enfrentar responsabilidades administrativas que pudieran afectar sus carreras. Para el persecutor, esa preocupación habría terminado influyendo en la manera en que la policía enfrenta la delincuencia.
“Alguien en algún momento lo va a analizar desde el punto de vista de la criminalidad, la forma en que se les juzgaba públicamente ha hecho que Carabineros no actúe tomando todas las precauciones que tiene que tomar”, afirmó.
Abogada lleva declaraciones de Barros a la CIDH
Los dichos del fiscal provocaron una dura respuesta de la abogada de derechos humanos Karinna Fernández, quien presentó una comunicación formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La jurista cuestiona que Barros vincule el control de la actuación policial con el avance del crimen organizado sin presentar antecedentes que demuestren esa relación. Además, advierte que sus palabras ponen en duda la imparcialidad de las investigaciones por violencia policial desarrolladas bajo su dirección en la Fiscalía Metropolitana Sur desde 2019.
“Las indolentes e infundadas expresiones de la autoridad persecutora no solo dejan en riesgo a las víctimas de la violencia policial de ayer y hoy, sino que garantizan la repetición de dichos crímenes”, cuestionó Fernández.
Agregó que, al evidenciar que las víctimas “nunca tuvieron acceso a una persecución imparcial”, se habilitan, según su interpretación, las instancias internacionales “para perseguir a los responsables individualmente”.
La abogada también apuntó a las causas pendientes y al silencio del fiscal nacional, Ángela Valencia, frente a estas declaraciones.
“El entramado de impunidad a 7 años de los hechos, los diversos obstáculos a las investigaciones, incluida la del alto mando, la evidencia de una violenta parcialidad de un fiscal regional y el silencio del fiscal nacional, seguido de discursos que apoyan indultos a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, van configurando lo obvio que podemos perseguir a los responsables en sede internacional”, afirmó.
Piden explicaciones al Estado y revisar investigaciones
Con esta presentación, Fernández busca que la CIDH solicite explicaciones al Estado chileno y examine si los dichos de Barros son compatibles con el deber de objetividad e imparcialidad del Ministerio Público.
En concreto, pide conocer qué estudios respaldan la relación entre el estallido social, la inhibición policial y el crimen organizado, y si esa interpretación corresponde a una opinión personal del fiscal o a una posición institucional.
Además, solicita transparentar los resultados de las investigaciones por violencia policial en la Fiscalía Metropolitana Sur y considerar la revisión de las causas archivadas y las decisiones de no perseverar.
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