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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Más de 90 diputadas y diputados de diversos sectores políticos solicitaron al presidente José Antonio Kast liderar un Acuerdo Nacional por la Seguridad, impulsado por el diputado Daniel Valenzuela, que incluye una Comisión Nacional para fortalecer a Carabineros y la PDI. La propuesta busca medidas concretas contra la delincuencia y el crimen organizado, destacando la importancia de la protección de los funcionarios policiales. Se propone equipamiento, aumento de dotación, turnos, remuneraciones y estrategias para reforzar la presencia policial, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar propuestas.

Cerca de 90 diputadas y diputados de distintos sectores políticos enviaron una carta al presidente José Antonio Kast, solicitándole liderar un Acuerdo Nacional por la Seguridad y convocar una comisión destinada a fortalecer a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Valenzuela (Ind-RN), cuenta con el respaldo de parlamentarios de distintos comités, desde Independientes-PC hasta el Partido Nacional Libertario, y busca establecer medidas concretas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

En el documento, fechado el 7 de octubre, los legisladores proponen la creación de una Comisión Nacional para la Protección y el Fortalecimiento de nuestras Policías, que reúna a representantes del Ejecutivo, Carabineros, la PDI, parlamentarios, especialistas, alcaldes y miembros de la sociedad civil.

La propuesta también contempla incorporar directamente a los funcionarios policiales que realizan patrullajes y enfrentan procedimientos de mayor riesgo, con el objetivo de que sus experiencias sean consideradas en la elaboración de nuevas medidas.

“Hoy, cerca de 90 diputados le enviamos una carta al Presidente de la República. Lo que estamos llamando es a tener un gran acuerdo nacional en temas de seguridad”, señaló Valenzuela.

El parlamentario argumentó que la iniciativa surge ante los recientes hechos de violencia que han afectado a funcionarios policiales.

“Cuando estamos hablando que en una semana matan a dos carabineros, cuando la gente tiene miedo salir a la calle, tenemos que tener políticas de Estado donde todos participemos”, sostuvo.

Comisión deberá presentar propuestas antes de fin de año

Entre las materias que los parlamentarios solicitan abordar figuran el equipamiento policial, el aumento de dotación, los turnos y descansos, las remuneraciones y los bonos, además de estrategias para reforzar la presencia policial en las calles.

También plantean revisar los tiempos de ascenso, las prácticas en polígonos de tiro, el acceso a información en tiempo real y el respaldo técnico y político a las instituciones policiales.

La carta establece como plazo el 31 de diciembre de 2026 para que la eventual comisión entregue propuestas concretas. Asimismo, los diputados firmantes comprometen su trabajo legislativo para avanzar en los acuerdos que se alcancen.

“Y acá lo importante es que estén en esa mesa sentados los carabineros de a pie, el alto mando, la PDI, los vecinos, los alcaldes, los parlamentarios, los senadores. Tenemos que estar todos sentados en esa mesa y llegar a un gran acuerdo nacional para que nuestra ciudadanía, para que nuestra gente se sienta segura”, manifestó Valenzuela.

Parlamentarios llaman a respaldar a las policías

En la misiva dirigida al Mandatario, los legisladores enfatizan la necesidad de considerar las condiciones laborales y operativas de los funcionarios policiales, especialmente de quienes desarrollan labores en terreno.

“No queremos más carabineros asesinados: queremos que cada funcionario cuente con el equipamiento, las condiciones de servicio y el respaldo necesarios para regresar a casa”, señala el documento.

Los firmantes también expresan que el objetivo es avanzar hacia acuerdos que permitan mejorar la protección de las policías y recuperar la tranquilidad de las familias.

De esta manera, la propuesta busca que la seguridad pública sea abordada como una política de Estado, mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno, el Congreso, las instituciones policiales y las comunidades.