Un recorte de cerca de $28 mil millones, en términos reales, contempla el proyecto de Presupuesto 2027 para la Ley Ricarte Soto, equivalente a una disminución de alrededor de 14% respecto de los recursos considerados para este año.
Esto ocurre mientras, en paralelo, avanza en el Congreso una iniciativa que busca aumentar el financiamiento permanente para tratamientos de alto costo.
De acuerdo con los antecedentes de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo —asociado a la Ley Ricarte Soto— pasaría de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027.
La diferencia entre ambos montos es de $22.745 millones. Sin embargo, al considerar el efecto de la inflación y comparar cuánto valen realmente esos recursos, la disminución llega a cerca de $28 mil millones, lo que representa una caída aproximada de 14% en términos reales.
La Ley Ricarte Soto creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Su cobertura se determina mediante decreto y contempla las prestaciones garantizadas para los distintos problemas de salud incluidos en el sistema.
Proyecto busca elevar financiamiento en Ley Ricarte Soto
La reducción contemplada en el Presupuesto 2027 ocurre mientras en el Congreso se discute una reforma a la Ley Ricarte Soto que busca aumentar los recursos disponibles para este tipo de tratamientos.
El proyecto plantea elevar el aporte fiscal anual permanente al fondo desde los actuales $100 mil millones hasta $185 mil millones, es decir, un aumento de $85 mil millones respecto del monto establecido actualmente.
La iniciativa también propone aumentar de 80% a 90% el límite de recursos que pueden comprometerse en relación con el costo anual esperado del fondo, además de establecer mecanismos para actualizar los precios de los tratamientos y fortalecer el seguimiento de su seguridad y efectividad.
Otro de los cambios busca mejorar la transición de tratamientos entre la Ley Ricarte Soto y el sistema GES, de manera que existan reglas más claras cuando una prestación deje de cumplir los requisitos para permanecer dentro del sistema de alto costo.
Eso sí, los $185 mil millones corresponden al aporte fiscal anual permanente que propone la reforma y no significan que esa cantidad se vaya a sumar automáticamente al Presupuesto 2027. Se trata de una modificación legal que todavía debe continuar su tramitación en el Congreso.
De esta forma, el proyecto presupuestario para 2027 contempla cerca de $28 mil millones menos en términos reales para el fondo asociado a la Ley Ricarte Soto, mientras que la reforma en discusión busca establecer un aporte fiscal permanente de $185 mil millones para fortalecer su financiamiento.
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