Denunciando un incremento en el robo de ruedas de automóviles, los diputados del Partido Republicano Macarena Santelices, Catalina del Real y Alejandro Riquelme ingresaron el proyecto de ley “Rueda Segura”. La propuesta busca desbaratar el mercado negro de accesorios vehiculares mediante una modificación a la Ley de Tránsito.
En concreto, la iniciativa plantea incorporar el artículo 39 ter a la Ley N° 18.290, estableciendo que cualquier persona natural o jurídica dedicada a la venta habitual de llantas o conjuntos de llanta y neumático usados deberá llevar un registro obligatorio, ya sea físico o electrónico.
Este libro de control deberá individualizar al vendedor, detallar la procedencia declarada de la pieza, consignar la fecha de adquisición y registrar los datos del comprador, manteniendo los antecedentes durante un año a disposición de las policías y la Fiscalía.
Republicanos llaman a cerrar el mercado informal
Al respecto, Santelices señaló que “detrás de cada rueda robada hay un mercado informal que financia la delincuencia. Como parlamentarios, nuestra prioridad absoluta es devolverle la tranquilidad a los chilenos, y para ello debemos golpear con fuerza la cadena de receptación. Si cerramos el mercado informal y hacemos imposible la reventa rápida, el negocio de robar ruedas deja de ser atractivo para el delincuente“.
Por su parte, Del Real enfatizó que “esta iniciativa no busca crear nuevas burocracias ni agrandar el Estado con organismos nuevos, sino que introduce una obligación básica y ágil de control comercial para proteger el bolsillo y el esfuerzo de los chilenos”.
En tanto, Riquelme comentó que “este proyecto sigue la misma senda de la exitosa ley que obligó al grabado de patentes en vidrios y espejos para frenar la reducción de vehículos robados. Hoy aplicamos ese mismo criterio de trazabilidad a las ruedas. Estamos dándole herramientas concretas a Carabineros, a la PDI y al Ministerio Público para que puedan fiscalizar los locales comerciales y fiscalizar eficazmente el origen de lo que se vende en nuestro país”.
La iniciativa legal iniciará ahora su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios autores esperan concitar un apoyo transversal que permita una rápida tramitación.
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