Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Contraloría detectó que 7.207 trabajadores salieron del país estando con licencia médica en 2025, marcando una disminución del 63%. Se identificaron 4.522 funcionarios en dos períodos revisados y 566 viajaron en los tres años. Se cuestiona la fiscalización del sistema y la demora en sancionar las conductas. La investigación administrativa tiene un plazo de 60 días, pero se extiende en la práctica. Más de 7.400 sumarios por mal uso de licencias en curso en junio de 2025.
Nuevos antecedentes de Contraloría vuelven a poner en discusión la forma en que el Estado está enfrentando el uso irregular de licencias médicas entre funcionarios públicos.
El organismo detectó que durante 2025 fueron 7.207 los trabajadores que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. Aunque la cifra representa una disminución de 63% respecto de 2023 y 2024, el análisis de los tres períodos muestra que persisten casos de reincidencia.
En total, 4.522 funcionarios aparecen en dos de los períodos revisados, mientras que otros 566 registraron viajes al extranjero con licencia médica durante los tres años.
Los antecedentes reabren el debate sobre la capacidad del sistema para fiscalizar, sancionar y evitar que estas conductas vuelvan a repetirse. Una discusión que también alcanza al funcionamiento del actual beneficio y que fue abordada por los exministros de Salud Emilio Santelices y Jaime Mañalich, quienes plantearon la necesidad de introducir cambios al sistema.
Pero además de las eventuales modificaciones, uno de los principales desafíos está en los tiempos que toman las investigaciones para determinar responsabilidades. Contraloría remitirá los antecedentes a las instituciones correspondientes para iniciar los procedimientos disciplinarios y también enviará información a organismos como la COMPIN, la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
En el caso de las investigaciones administrativas, la etapa de investigación tiene legalmente un plazo máximo de 60 días. Sin embargo, estos procedimientos pueden extenderse en la práctica, prolongando la definición de responsabilidades. A esto se suma la carga que enfrenta el Ministerio Público cuando los antecedentes pueden derivar en investigaciones de carácter penal.
La abogada Constanza Gómez apunta precisamente a la sobrecarga que enfrenta el Ministerio Público y al volumen de causas que debe abordar como uno de los factores que pueden explicar la demora de estos procesos.
La Dirección de Presupuestos contabilizaba, en junio de 2025, más de 7.400 sumarios en curso por mal uso de licencias médicas, con casi 8.000 personas involucradas. A estos procedimientos se suman ahora los nuevos antecedentes detectados por la Contraloría, que serán remitidos a las instituciones correspondientes para determinar las eventuales responsabilidades.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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