El senador Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS) se refirió a las diligencias que la Policía de Investigaciones (PDI) realizó este jueves en el Congreso Nacional, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), de Junaeb. El parlamentario aseguró que no tiene participación en los hechos y que espera que su inocencia quede demostrada en el transcurso del proceso.
El legislador explicó que desconoce los pormenores de la diligencia judicial que derivó en el allanamiento de su oficina en la Cámara Alta. Sin embargo, subrayó que su reacción fue colaborar de forma inmediata con los agentes, entregando voluntariamente su equipo telefónico y el acceso a sus cuentas corrientes.
“Frente a la solicitud, entregamos de manera voluntaria e inmediata nuestro equipo telefónico y el acceso a las cuentas corrientes porque no tengo nada que ocultar“, enfatizó el senador por medio de un comunicado.
Caso Junaeb golpea al Congreso
Calisto recalcó que “soy el principal interesado en que esta situación se esclarezca plenamente y a la mayor brevedad posible”. Asimismo, el representante de la región de Aysén insistió en que su actuar ha estado siempre sujeto a la fiscalización y al control de los actos públicos, especialmente en materias relacionadas con la alimentación escolar.
El senador recordó que, desde hace años, ha impulsado acciones de fiscalización contra la Junaeb, con el objetivo de mejorar sus procedimientos internos y evitar la concentración en la entrega de servicios.
“Durante años hemos ejercido acciones de fiscalización a la Junaeb justamente para mejorar sus procedimientos y evitar la concentración, mejorar servicio y beneficios a los estudiantes”, afirmó. A renglón seguido, expuso que “lo hemos dicho en comisiones y públicamente durante años por ende, no tenemos nada que esconder”, cerró.
Revisa aquí el comunicado del senador Miguel Ángel Calisto:
Allanamientos e incautación de dispositivos
Recordemos que la jornada de este jueves incluyó un amplio despliegue de la PDI, que incluyó no solo al Congreso Nacional, sino también a dependencias de la Junaeb y otros puntos del país.
El prefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, detalló que más de 80 funcionarios participaron en los operativos.
Estos se llevaron a cabo en diversas comunas de la Región Metropolitana, además de las ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique. El objetivo fue la incautación de dispositivos móviles, computadores y documentos de relevancia para la causa.
Consultado específicamente sobre los teléfonos de los senadores Calisto y Gahona, el prefecto Castro confirmó que se realizaron incautaciones de dispositivos de diferentes personas involucradas en la investigación, aunque evitó dar nombres.
“Como le señalé, dentro de las diligencias que se efectuaron, se realizaron las incautaciones de teléfonos, dispositivos, de diferentes personas que están involucradas en esta investigación”, dijo el detective.
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