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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Senadores presentan la Bancada por el Indulto General para impulsar un perdón presidencial a uniformados condenados desde el 18-O. Proyecto liderado por senadora Vanessa Kaiser busca indultar y sobreseer a militares y policías en causas abiertas. Argumentan que enfrentaron un intento de golpe de Estado. Respaldan Gobierno y senadores como Camila Flores y Cristian Vial.

Con el objetivo de impulsar la ofensiva política para que el presidente José Antonio Kast otorgue un indulto general a los integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería condenados por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, un grupo de senadores presentó este miércoles la Bancada por el Indulto General.

La instancia buscará, además, que el Ejecutivo respalde y otorgue urgencia al proyecto de ley (Boletín N° 18.423-07) impulsado por la senadora Vanessa Kaiser (PNL), que no solo beneficia a quienes ya fueron condenados, sino que también pone término a los procesos penales aún en curso mediante el sobreseimiento definitivo de los uniformados involucrados.

Durante la presentación, la senadora Kaiser explicó que la creación de esta bancada responde a la necesidad de entregar una solución general y no particular a quienes enfrentaron la violencia desatada tras el 18 de octubre. “Este es un buen momento para hacerlo“, afirmó, destacando que, a su juicio, la reciente confirmación de la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo demuestra que muchos funcionarios “han debido soportar años de persecución judicial” antes de que se acreditara su inocencia.

“Hoy tenemos a otros miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, algunos sentenciados —más de cien— y otros, más de setecientos, enfrentando sendos procesos judiciales”, sostuvo, apuntando a que estos actuaron en un contexto extraordinario que no puede analizarse como hechos aislados, sino como parte de un intento por quebrar el orden institucional.

Esta bancada está consciente de la necesidad de implementar un indulto general que reconozca que las condiciones del 18 de octubre en adelante fueron, en paralelo al estallido social, las de un golpe de Estado que tuvieron que enfrentar nuestros carabineros y las Fuerzas Armadas“, afirmó, remarcando la ofensiva por lograr un indulto a los uniformados procesados por hechos ocurridos en esa época.

El respaldo de Flores y Vial al indulto de uniformados

En tanto, la senadora Camila Flores (RN) respaldó la iniciativa y aseguró que el Gobierno cuenta con fundamentos jurídicos suficientes para avanzar en esta decisión. “Nosotros lo que estamos diciéndole a nuestro presidente José Antonio Kast es que hoy día la legislación y el ordenamiento jurídico sí contemplan normas que permiten fundamentar la entrega de estos indultos generales para nuestros Carabineros y Fuerzas Armadas”, afirmó.

Agregó que “existen además fallos judiciales, como el más reciente del comandante Claudio Crespo, que ayudan aún más a robustecer la decisión y la fundamentación para la entrega de este indulto general”.

Por su parte, el senador Cristian Vial (Ind.-REP) sostuvo que “Chile tiene una deuda con quienes, mandatados por el Estado, salieron a proteger a la ciudadanía y terminaron procesados, encarcelados, condenados, lejos de sus familias y sin sus sueldos”. Recalcando que “no puede ser que una persona mandatada por el Estado a cumplir la misión de proteger a los chilenos termine encarcelada y con su vida destruida”.

Las otras propuestas de la Bancada por el Indulto General

Junto con promover el indulto general y el avance del proyecto de ley que extingue las causas penales pendientes, la Bancada por el Indulto General anunció que impulsará una agenda complementaria destinada a fortalecer el respaldo institucional a las Fuerzas Armadas y de Orden.

Entre sus objetivos figuran promover el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), derogar la Circular N° 618 del Ministerio Público, restituir el apoyo jurídico y económico del Estado a los funcionarios sometidos a procesos judiciales y prohibir la desvinculación de efectivos mientras no exista una sentencia firme en su contra.