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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno decidió no presentar indicaciones al proyecto de conmutación de penas, evitando abrir un nuevo flanco en derechos humanos y generando críticas desde el Congreso. El proyecto, que beneficiaría a cerca de 12 mil internos, incluidos condenados en Punta Peuco, ha sumado más de 250 indicaciones, pero el Ejecutivo optó por no intervenir en esta etapa y observar su avance en el Congreso. Parlamentarios como Raúl Leiva y Gloria Naveillán cuestionaron la falta de definición del Gobierno y su supuesta intención de que la iniciativa pierda impulso para evitar un costo político, instando a que se discuta y perfeccione en lugar de estancarse.

El Gobierno optó por no abrir un nuevo flanco en derechos humanos, ratificando que no ingresará indicaciones al proyecto de conmutación de penas.

Desde el Congreso, en tanto, emplazaron al Ejecutivo a fijar una postura y cuestionaron que se intente eludir un costo político. Así, el proyecto volvió a complicar al Gobierno de José Antonio Kast.

Recordemos que la iniciativa podría beneficiar a cerca de 12 mil internos, incluyendo condenados por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco, si se aprueba sin cambios.

Gobierno no ingresará indicaciones a conmutación de penas

En ese contexto, el Ejecutivo optó por tomar distancia. Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que no ingresarán indicaciones, pese a reconocer que el texto presenta observaciones técnicas.

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, explicó que el proyecto tiene falencias desde el punto de vista técnico, pero recalcó que al tratarse de una moción parlamentaria, la decisión fue no intervenir en esta etapa.

Además, indicó que el Gobierno observará cómo avanza la discusión en el Congreso, y más adelante evaluará si existen espacios para mejorar la iniciativa o dejar que siga su curso.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que el proyecto ya suma más de 250 indicaciones, por lo que —a su juicio— no corresponde hacer nuevos aportes mientras continúa su tramitación.

“Hoy día tiene más de 250 indicaciones ese proyecto de ley, por lo tanto no tiene ningún sentido hacer referencia a algo que está en plena tramitación”, sostuvo el secretario de Estado.

Desde el Congreso, en tanto, surgieron críticas. El diputado socialista, Raúl Leiva, indicó que es necesario que el Gobierno fije una postura clara, tanto sobre eventuales urgencias como respecto a su respaldo a la tramitación.

“Es importante que el Gobierno se defina frente a este proyecto de ley: Chile va a dar urgencia o no, y si va a patrocinar su tramitación”, dijo el parlamentario.

Por su parte, la diputada Gloria Naveillán planteó que el Ejecutivo estaría dejando que el proyecto pierda impulso para evitar un costo político, insistiendo en que debería discutirse y perfeccionarse en lugar de quedar estancado.

“Es porque no quieren indicarlo, porque quieren que duerma, quieren que ahí vegete. Dejarlo que duerma para que no tener un problema político, sinceramente, no me parece una buena idea“, sentenció la legisladora.

De tal forma, la iniciativa sigue su avance en el Congreso sin una señal concreta del Ejecutivo, en medio de cuestionamientos por la falta de definición frente a un tema sensible en derechos humanos.