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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la Fábrica de Maestranza del Ejército (FAMAE) entre 2022 y 2024. Según el Informe Final N.° 750 de 2025, 4 empleados recibieron más de 100 millones de pesos en indemnizaciones por "mutuo acuerdo" sin justificación. Además, 63 trabajadores recibieron indemnizaciones que superaron los mil millones de pesos, y se compró una máquina láser por $70 millones sin seguir protocolos.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó millonarias indemnizaciones y recontrataciones irregulares en la Fábrica de Maestranza del Ejército (FAMAE) durante el periodo 2022-2024.

Dicha auditoría, tras el Informe Final N.° 750 de 2025, constató que 4 trabajadores desvinculados por “mutuo acuerdo” recibieron indemnizaciones correspondientes por más de 100 millones de pesos, a pesar de que la causal no contemple este tipo de pagos.

El documento detalla que incluso algunos de ellos además fueron inmediatamente recontratados en el mismo puesto.

En total, las indemnizaciones a 63 trabajadores bajo esa modalidad superaron los mil millones de pesos, en el periodo revisado.

Adquisiciones

El informe señala que en agosto de 2023 FAMAE compró una máquina láser por $70.042.181 mediante trato directo, sin demostrar que el proveedor fuera exclusivo ni cumplir con lo establecido en el Manual de Adquisiciones.

Junto con ello, se detectaron problemas en el control y uso del equipo. La máquina presentó fallas cuatro meses después de empezar a usarse, volvió a fallar en abril de 2025 y actualmente sigue fuera de servicio.

La compra se realizó sin comparar ofertas, sin análisis técnico o financiero y sin garantías de cumplimiento, lo que impide la exigencia de responsabilidades a quien fuera el proveedor.

Acciones investigativas

Por estos hechos, CGR instruyó una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).