"Nos parece que atenta gravemente contra el Estado derecho, criminaliza la pobreza y al mismo tiempo significa entregarle una herramienta de autotutela de justicia por la propia mano a las personas", aseguró el parlamentario del PC, Luis Cuello.
Esta mañana, parlamentarios de casi todas las fuerzas de oficialismo se reunieron en La Moneda para discutir con personeros del Ejecutivo, la técnica legislativa y el contenido del veto presidencial que ingresará la próxima semana a la Ley de Usurpaciones.
La iniciativa fue despachada el 30 de agosto y el ejecutivo tiene hasta el 29 de septiembre para ingresar el veto, aunque en la práctica y producto de que el trabajo legislativo es de lunes a miércoles, se espera que ingrese este próximo lunes.
En el encuentro, estuvieron presentes los diputados del Frente Amplio, Maite Orsini, Andrés Giordano y Lorena Fríes; por el Partido Comunista su jefe y subjefa de bancada, Luis Cuello y Alejandra Placencia; del Partido Socialista, Leonardo Soto y Raúl Leiva y del PPD, Jaime Araya y Marta González, nueva jefa de bancada. Se excusaron de asistir por razones logísticas, representantes del Partido Radical y Liberal.
Por el gobierno, la subsecretaría de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, y el asesor del ministerio del Interior y mano derecha de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao. Al respecto, Macarena Lobos dijo que esperarán propuestas dentro de las próximas horas, planteando que lo que está puesto sobre la mesa, es a lo que se llegó después de darle “muchas vueltas” al veto.
Será un veto sustitutivo: Esto quiere decir, que se ingresa un proyecto completo dentro del veto y se mantienen la mayoría de sus elementos, menos lo que se quiere vetar. Se desechó la idea de que fuese ‘supresivo’ -para eliminar partes de la ley- porque el proyecto está escrito de tal forma que hay muchos amarres entre los diversos artículos que podrían desbalancear toda la norma si se elimina una parte.
“Nos parece que atenta gravemente contra el Estado derecho, criminaliza la pobreza y al mismo tiempo significa entregarle una herramienta de autotutela de justicia por la propia mano a las personas que están siendo afectadas por usurpaciones y por lo tanto, creo que acá lo que el camino es una política pública”, aseguró Luis Cuello.
¿Dónde hay acuerdo? En modificar la llamada ‘legítima defensa privilegiada’, derecho que contiene esta ley y que, mezclado con la ejecución permanente del delito de usurpación, generaba lo que el gobierno y los diputados oficialistas han llamado “autotutela” o defensa por mano propia: Esta es la razón principal por la que se veta el proyecto.
“Pone en riesgo la ejecución de otros derechos consagrados constitucionalmente, entre ellos el de manifestación y particularmente el derecho a huelga u otras formas que tienen o que utilizan mecanismos de lo que podría considerarse la ocupación o la toma temporal de los espacios, por ejemplo, una toma educativa”, comentó Andrés Giordano.
Pero habrá otros elementos y en el oficialismo ya olfatean que no le gustarán a la oposición. Por ejemplo, se eliminará aquellos elementos de la norma que ampliaban el efecto de la ley de usurpaciones a otras ocupaciones de espacio como huelgas o tomas de recintos educacionales. Quedará con que las usurpaciones deben ser solo con ánimo de apropiarte de la cosa inmueble, dejando fuera las protestas.
También habrá una modificación que afectará indirectamente la detención ciudadana por vía de expresar de mejor manera la habilitación de detenciones por parte de las policías.
No hay unanimidad en veto que ingresará Gobierno
Si bien todo el oficialismo está a favor del veto y de que sea sustitutivo, desde Apruebo Dignidad marcaron una diferencia en el encuentro con el gobierno. Es un debate extenso y amplio, pero dicho en simple, hay parlamentarios que prefieren que la usurpación sin daños o no violenta, se convierta en una falta que exponga a multa, pero que no haya presidio.
Para esto, argumentan una dimensión técnica y una más política. Por un lado, quienes intervinieron dicen hablar por “mundos” de organizaciones sociales y comités de vivienda que se oponen a la “criminalización” de las personas que viven en campamentos.
Más en lo técnico, dicen que la redacción de la norma, que parte en 61 días de presidio efectivo, contiene elementos que hacen que de todas maneras se pueda afectar a personas que viven en asentamientos irregulares y quedó abierto el escenario de que se hagan propuestas.
Hay un escenario en donde Apruebo Dignidad vuelve a desmarcarse y eso podría profundizar el daño de las relaciones con el Socialismo Democrático y el propio gobierno: El veto es una iniciativa de volunta íntima del Presidente de la República.
El veto ingresará por el Senado y luego irá a la Cámara. Al oficialismo le gustaría que no pase por comisiones y dicen que el “terror” del análisis interno del ejecutivo, es que el veto entre en una “recalificación”: Ésto se refiere a que la mesa del Senado -que es cámara de origen del proyecto- estime que el veto no tiene el mismo efecto que el gobierno dice que tiene.
Y si la mesa estima que el veto no está calificado, podría pedir fragmentar la iniciativa presidencial y votar por partes, escenario que complicaría al Ejecutivo para dejar el proyecto en las condiciones que buscará.
