Antes de conocerse la querella, la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, desmintió haber cometido irregularidades y aseguró que lo que está viviendo ella y su administración lo atribuye a que "todos quieren revisar las facultades que tenemos los gobernadores regionales".

El Juzgado de Garantía de Talca admitió a trámite la querella presentada por el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán por el caso Convenios en Maule, donde también hubo millonarios traspasos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el Gobierno Regional a la fundación Urbanismo Social.

La querella fue presentada el 4 de agosto por Guzmán, y busca determinar si hubo o no fraude al Fisco en una serie de movimientos entre los entes de Gobierno y mencionada fundación. No obstante, el escrito no individualiza posibles acusados y apunta a quienes resulten responsables tras la investigación.

En los días previos a la presentación del recurso legal, el diputado Guzmán aseguró a Radio Bío Bío que “lo que nosotros habíamos escuchado en el Maule era un secreto a voces que la gobernadora en las facultades que le confiere la ley puede entregar recursos en forma discrecional sin pasar por el Consejo Regional, la Contraloría hasta cierto monto y que se lo estaba entregando a algunas fundaciones confiriéndole tareas específicas pero con una condición”, expresó.

Y agregó: “Esa condición era contratar personas que ella determinara o los funcionarios de su confianza, era un comentario que rondaba en el Maule, pareciera que Urbanismo Social, tiene un estándar superior de probidad incluso al de la gobernadora”.

Cabe recordar que, en el marco de un convenio firmado por la Gobernación del Maule y Urbanismo Social, la gobernadora Cristina Bravo, habría pedido contratar al concejal de Curicó, Javier Ahumada, para un millonario proyecto, sin embargo, la corporación rechazaron la designación del edil.

En concreto, hubo un convenio de transferencia directo, al igual que con Democracia Viva, donde el Gore del Maule le entregó a Urbanismo Social 264 millones 950 mil pesos, para el programa “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”.

Hasta ahí todo bien, no obstante, según una carta a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, enviada por Pilar Goycoolea, fundadora y presidenta del directorio de la Fundación Urbanismo Social a la gobernadora Bravo, se señala que de los nombres que le recomendó para que la fundación contrate, de los tres, hay uno que no pasó cierto perfil dentro de la corporación. Se trata del concejal por Curicó, Javier Ahumada, quien también milita en la Democracia Cristiana.

Posterior a esto, Cristina Bravo, lo desmintió y aseguró que lo que está viviendo ella y su administración lo atribuye a que “todos quieren revisar las facultades que tenemos los gobernadores regionales”.