Diversas organizaciones animalistas se mostraron contrarias al “Proyecto de ley que permite a las municipalidades dictar ordenanzas orientadas al control de perros asilvestrados” que se encuentra tramitándose actualmente en el Senado.
Se trata de las organizaciones Animanaturalis; Atra; Cefu; Proyecto Social Veterinario; Rima; Fundación Quiltro; Justicia Animal; APPAY; y la particular Andrea Toledo.
En específico, el proyecto ingresado señala que se busca “establecer una excepción a la prohibición contenida en el la Ley N.° 21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, específicamente en el artículo 7, inciso segundo, para permitir a las municipalidades dictar ordenanzas que permitan la utilización del sacrificio de perros asilvestrados cuando el ataque de estos pueda generar peligro para la seguridad de las personas y las especies protegidas”.
La iniciativa está siendo tramitada actualmente por el Senado y fue presentada por Carmen Aravena (IND), Álvaro Elizalde (PS), Felipe Harboe (PPD), Adriana Muñoz (PPD) y Ximena Rincón (DC).
Sobre la declaración de las organizaciones, estas manifiestan su rechazo al proyecto, “que bajo el subterfugio de controlar a los mal denominados perros asilvestrados, pretende legalizar el sacrificio de perros (Canis lupus familiaris) como herramienta de control canino”.
El proyecto de ley
Las organizaciones declaran que “esta iniciativa (…) traiciona principios ya recogidos en el ordenamiento jurídico que descartan el sacrificio de perros como método de control poblacional y que en este proyecto son ignorados, desconociendo la voluntad soberana que se expresó de forma unánime durante la tramitación de la Ley 21.020 entre 2009 y el 2017 (ley Cholito)”.
La ley busca modificar el actual artículo 7 de la Ley Cholito (Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía), que prohíbe el sacrificio como método de control. Según explican, dicha modificación “le entrega facultades a los municipios para eliminar perros ‘asilvestrados’ y, además, deja al arbitrio de cada municipio establecer los sistemas de exterminio”.
Lo cierto es que actualmente la ley Cholito señala: “Sin perjuicio de lo anterior, las ordenanzas municipales no podrán permitir la utilización de métodos que admitan el sacrificio de animales como sistema de control de la población animal. Esta prohibición se extiende a todos los servicios públicos, así como también a todas las organizaciones de protección animal”.
Inciso que con el proyecto de ley se busca remplazar por: “Sin perjuicio de lo anterior, las ordenanzas municipales no podrán permitir la utilización de métodos que admitan el sacrificio de animales como sistema de control de la población animal, pudiendo ser empleados únicamente cuando exista peligro para la seguridad de las personas y especies protegidas, como consecuencia del ataque de perros asilvestrados. Esta prohibición se extiende a todos los servicios públicos, así como también a todas las organizaciones de protección animal, con la misma salvedad expresada anteriormente”.
“Nula eficacia”
Según los nueve firmantes, “la propuesta de los honorables, en lugar de promover una solución a los problemas que enfrentan los pequeños y medianos agricultores del país, perpetúa la problemática al dejarse seducir por una supuesta solución facilista, pero de comprobada nula eficacia”.
El grupo argumenta su postura asegurando que “organismos internacionales competentes como la Coalición Internacional para el Manejo de Animales de Compañía (ICAM, por sus siglas en inglés) y estudios nacionales referidos al impacto de perros en la fauna silvestre y ganadería, han demostrado que la problemática es causada, principalmente, por animales domésticos con dueños y sin supervisión y, en menor medida, por perros abandonados”.
De igual formar sostienen que les parece grave que la Comisión de Agricultura del Senado desconozca las conclusiones del informe técnico elaborado en mayo de 2020 por expertos de la Biblioteca del Congreso Nacional, “las cuales relevan las inconsistencias de este proyecto en lo concerniente a su objeto y a las deficiencias en su técnica legislativa”.
Además, exigen el retiro “inmediato” del proyecto y solicitan que los parlamentarios no persistan en su “afán de validar el sacrificio de animales como solución a un problema que requiere un tratamiento integral”.
Agregan que el proyecto “no tiene sustento técnico ni económico (compromiso ineficiente de recursos municipales) y significa retroceder 20 años en materia de control de poblaciones caninas”.
Finalmente, llaman “al Gobierno a no sumarse a este tipo de iniciativas y a cumplir con la palabra empeñada en cuanto a fortalecer la política pública de tenencia responsable y con ello proteger la salud pública, el bienestar animal y el medio ambiente”.
