El diputado Raúl Soto (PPD) defendió la interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusando al gobierno de Kast de agravar la situación económica y laboral del país. Además, sostuvo que la fiscalización no impide alcanzar acuerdos legislativos y manifestó su confianza en que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, prospere, advirtiendo que el PDG podría ser clave en la votación.
El jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto, defendió la interpelación contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmando que al gobierno de José Antonio Kast “se le acabó la cuenta corriente para echarle la culpa de todo a los gobiernos anteriores”. En esa línea, acusó al Ejecutivo de profundizar la crisis económica y laboral a ocho meses de asumir.
El parlamentario apuntó al aumento de la inflación y el desempleo, junto con la caída de las proyecciones de crecimiento, como señales del deterioro económico. En ese sentido, sostuvo que la interpelación busca que Quiroz explique sus decisiones y asuma responsabilidades.
Soto también descartó que fiscalizar al gobierno sea incompatible con alcanzar acuerdos legislativos, defendiendo la necesidad de mantener una oposición firme, pero abierta al diálogo.
Por otra parte, manifestó su confianza en que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, prospere y termine con su destitución. Además, advirtió que los votos del PDG podrían ser determinantes para definir su futuro.
—Sobre la interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ¿qué respuestas concretas esperan obtener y qué tendría que ocurrir para que consideren que la interpelación cumplió su objetivo?
Lo que queremos es que el ministro Quiroz salga al pizarrón y asuma su responsabilidad y la del actual gobierno por las malas cifras económicas y laborales que hay en el país a ocho meses de iniciada su gestión. Creemos que la promesa fundacional en materia económica y de empleo del gobierno de José Antonio Kast está incumplida. La crisis económica y laboral se ha profundizado y se ha agravado. Las cifras lo demuestran y, por lo tanto, ya se le acabó la cuenta corriente para echarle la culpa de todos los males a los gobiernos anteriores. A ocho meses de iniciada la gestión del actual gobierno, lo que exigimos son resultados y los que tenemos hasta ahora son malos. Creemos que se debe en gran medida a las decisiones económicas que ha tomado este gobierno bajo el liderazgo del jefe de la cartera fiscal, Jorge Quiroz.
—El presidente Kast cuestionó la utilidad de las interpelaciones, señalando que no necesariamente solucionan los problemas de la ciudadanía. ¿Qué le responde? ¿Cómo evitar que esta herramienta termine siendo más un gesto político que una instancia efectiva de fiscalización?
El presidente Kast fue diputado; debiese conocer las facultades y prerrogativas que los diputados tenemos en nuestra función fiscalizadora. Si él no ejerció su rol y no ocupó esas facultades que le entrega la Constitución y las leyes, problema de él, pero nosotros las vamos a ocupar. Esto lo que busca es una señal de transparencia para que el ministro también asuma su responsabilidad, porque hoy día el escenario que tenemos es de crisis económica y de empleo grave. Este gobierno recibió el país hace ocho meses con un 2,4% de inflación y la ha aumentado a un 4,5% en solo ocho meses. Recibió el desempleo en un 8,3% y lo ha aumentado a un 9,8% en ocho meses. Recibió las proyecciones de crecimiento en torno al 2% y hoy día las tiene en torno al 0,6%. Es decir, todas las cifras económicas y laborales son paupérrimas y la crisis económica y laboral, de la cual ellos siempre establecieron un relato, no solamente persiste, sino que se ha agravado. Y la responsabilidad respecto a eso es del gobierno.
—¿Buscarán explicaciones o también buscan establecer responsabilidades políticas, como una renuncia, por ejemplo?
Este es un acto de transparencia donde la oposición saca al pizarrón al ministro, pide explicaciones, plantea sus argumentos técnicos y políticos y el ministro tendrá el derecho a responder. Es un ejercicio profundamente democrático al cual debiésemos en Chile estar mucho más acostumbrados. Ojalá todas las semanas los ministros fueran sacados al pizarrón para explicar sus políticas, para asumir sus responsabilidades por sus acciones y por el estado del país (…) Esto no es una acusación constitucional, es muy distinto, pero es un primer paso de una medida de fiscalización que yo creo que es necesaria para radicar las responsabilidades por el estado del país en el actual gobierno y para señalarle también al país que hay un camino distinto que vamos a empezar también a plantear desde la oposición en materia económica.
—Esta semana, desde el Partido Socialista se cuestionó duramente el acuerdo alcanzado por senadores del PPD, el PC y la Democracia Cristiana con el ministro Quiroz en materia de endeudamiento, advirtiendo que tendrán que responder políticamente por esa decisión. Entonces, ¿cómo se llega a acuerdo con una autoridad a la que interpelarán?
Los acuerdos jamás deben ser mirados como una herramienta que no se pueda ejercer. El diálogo no solamente es un derecho, es un deber en política. Renunciar a eso es renunciar a hacer política. Tenemos que ser una oposición firme en las convicciones, pero también con apertura al diálogo y los acuerdos. Eso no son cosas contradictorias. De hecho, en la Cámara, el mismo día que el PPD anunció una interpelación a Quiroz, llegó a un acuerdo en materia de sala cuna, y no hay ningún problema en aquello, porque también tenemos que incidir para mejorar la vida de las personas, y eso se hace no desde lo meramente simbólico o testimonial, sino con diálogo, con acuerdos cuando sea necesario, siendo también una oposición firme, sin perder la capacidad de diálogo. No hay que perder esa perspectiva.
—O sea, ¿va por carriles diferentes?
Absolutamente, además de que son temas distintos. Una cosa es interpelar por el estado de la economía y del mercado laboral, las cifras que tenemos hoy día y las crisis que tenemos en materia económica, y otra cosa son los acuerdos en un proyecto en particular, como puede ser sala cuna, presupuesto o cualquier otro.
—La anterior interpelación al canciller generó cuestionamientos respecto de su utilidad y de los resultados que dejó. Mirando esa experiencia, ¿hay alguna autocrítica desde el sector? ¿Qué harían distinto esta vez para que la interpelación a Quiroz tenga mayor impacto?
La interpelación al canciller era algo novedoso, tratándose del tema de política exterior, que es una política de Estado. Efectivamente, la política exterior chilena se ha visto debilitada, por eso en su momento la realizamos. Y creo que fue un ejercicio legítimo de transparencia. Algunos podrán sacar cuenta a favor o en contra según los análisis que se hagan, pero yo creo que las medidas no hay que evaluarlas desde el resultado, sino desde la convicción que uno tiene de ejercer una acción contra un gobierno que está haciendo las cosas mal y que requiere en definitiva un cambio de rumbo y de dirección importante. Nosotros tenemos la convicción de que la crisis económica y laboral en gran medida se debe a la responsabilidad del ministro Quiroz, a las decisiones que ha tomado de marzo a la fecha, y creemos que la interpelación es una oportunidad para demostrar aquello y para pedirle explicaciones también ante los ojos de todo el país. No me cabe ninguna duda de que toda la oposición se va a sumar a la interpelación propuesta por el PPD y que ninguna bancada y ningún partido de oposición se va a poner del lado de la defensa del ministro que nos tiene en una crisis económica y laboral. Esta es una manera en la cual hemos tratado de encauzar el debate con la responsabilidad de Quiroz de forma responsable, pero al mismo tiempo firme y con convicción, y yo espero que todos se vayan sumando en ese sentido.
—Y sobre la acusación constitucional al ministro de Justicia, Fernando Rabat, ¿qué expectativas tiene? ¿Cree que pueda avanzar?
Yo creo que hay grandes posibilidades de que la acusación constitucional contra el ministro Rabat llegue a buen puerto y, por lo tanto, termine con su destitución. Pero eso se va a ir definiendo y se va a ir decantando en los próximos días, a propósito sobre todo del trabajo que tenemos que hacer en la comisión revisora, que comienza este lunes a sesionar y va a sesionar durante toda la próxima semana para despachar un informe con las recomendaciones a la sala, y presupuestamos que la sala debiese estar votando la acusación constitucional el día lunes 30 de noviembre aproximadamente. Puede que sea antes, puede que sea después, pero calculamos que sea en torno a esa fecha. Igual va a depender del día en el cual el ministro presente el escrito de su contestación con su defensa jurídica y también del día en el cual presente la respuesta al requerimiento en el cual nosotros le exigimos que entregue el listado y la copia completa de cada uno de los decretos que ha suscrito su cartera de marzo a la fecha en todo tipo de delitos, en aquellos casos donde no hay un mandato u orden expresa de la Corte Suprema, que son los casos que se le están cuestionando. Hasta ahora persiste la opacidad y la poca transparencia del ministro. Ha hecho entregas parciales en el Senado y en la Cámara, pero nosotros queremos el listado y las copias con el detalle de cada uno de los decretos. Le hemos solicitado entregar todos los decretos en carácter de público, porque se trata de actos administrativos que requieren transparencia, de forma anonimizada, es decir, resguardando los datos sensibles de las víctimas para evitar revictimización, pero con el documento en la parte administrativa que tenga carácter público. Y esperamos que el ministro lo responda y entregue todos estos antecedentes antes del día lunes para poder iniciar el trabajo.
—¿Cómo se anticipa el trabajo de la comisión revisora que ud. preside?
Nosotros vamos a dar todas las garantías en la comisión revisora para que el ministro pueda presentar sus argumentos de defensa con sus abogados (…) Nosotros en eso vamos a jugar un rol institucional, particularmente como presidente de la comisión, más allá de tener una opinión en lo personal, que es de público conocimiento, pero voy a dar garantía a todas las partes de que se van a escuchar opiniones a favor y en contra del mundo académico, de la sociedad civil, de las ex y actuales autoridades del gobierno, de manera tal de que cada diputado y la opinión pública se pueda formar su propio juicio respecto de lo ocurrido. En principio, consideramos que el libelo acusatorio tiene mérito y tiene una fuerza política y constitucional bastante más relevante de lo que todos prevían antes de su presentación. Son tres capítulos muy contundentes y, por lo tanto, es sobre eso sobre lo cual tenemos que generar un debate jurídico y político muy profundo.
—¿Han conversado con los parlamentarios del PDG? Van a ser determinantes, pero aún no hay una postura definida como bancada.
Hoy día se prevé que la votación en la sala esté prácticamente empatada y, por lo tanto, va a ser Franco Parisi y el PDG los que definan el destino de los pedófilos que están liberados, el destino del responsable, que es el ministro Fernando Rabat. Franco Parisi y el PDG deben decidir si se ponen del lado de las víctimas o del lado de los victimarios, si salvan al ministro que liberó pedófilos, narcotraficantes, violadores de derechos humanos, miembros del crimen organizado, o se ponen del lado de la gente que dicen defender. A mí no me cabe ninguna duda de que la mayoría, si no todo el país, debiese estar del lado correcto. Hemos conversado con ellos.
—La polémica por el retiro de los permisos constitucionales de la senadora Ximena Órdenes (PPD), sin su autorización, dejó al descubierto tensiones en el Socialismo Democrático. ¿Se quebró la confianza entre las bancadas?
Acá el problema está radicado en el Partido Socialista. El PPD es víctima de una acción que es cuestionable, que hoy día está siendo investigada por el Ministerio Público; por lo tanto, lo dejamos en lo judicial, en lo penal. Son las investigaciones las que deberán determinar las responsabilidades, que las hay. Y bueno, yo espero que los senadores en los próximos días puedan conversar y puedan también ver cómo resarcir los daños que se han generado, cómo recuperar las confianzas que se han perdido.
—Se perdieron las confianzas, entonces.
El problema está radicado en los comités del Senado, creo que hay una conducción que ha sido errática (…) Eso le corresponde resolverlo a los senadores que son parte de ese comité. Los partidos podremos acompañar el proceso, pero el tema está radicado allí, no en los partidos. Como le digo, ha sido el PS el que ha generado situaciones en las cuales el PPD ha sido más bien víctima, y es sobre eso sobre lo cual tiene que generarse una conversación primero entre los senadores para ver cómo se arregla, cómo se repara ese daño y cómo se recupera la confianza entre ellos. Los partidos seguimos funcionando, nos reunimos todos los lunes, tenemos la mejor relación con todos los partidos de oposición, porque las relaciones políticas son institucionales, no son personales.
—¿Con este episodio se descarta que esté en riesgo la unidad del Socialismo Democrático?
Insisto, acá hay un problema que está radicado en el Senado. Y es en ese lugar donde se debe resolver. Los partidos estamos disponibles para acompañar ese proceso. El PPD apoya con toda su fuerza, con decisión, a sus senadores (…) Se van a reunir la próxima semana, van a tomar una decisión y nosotros vamos a respaldar la decisión que ellos tomen.
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